Justicia brasileña publicó sentencia de Lula da Silva

Sao Paulo.- El tribunal de segunda instancia que condenó al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva publicó ayer oficialmente la sentencia y el exmandatario tendrá a partir de ahora hasta 12 días para apelar, informaron ayer fuentes judiciales.

El Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4) de Porto Alegre puso a disposición el documento y la defensa de Lula tiene ahora hasta diez días para acceder electrónicamente a la sentencia, lo que es considerado como una «notificación», según explicaron a Efe fuentes del juzgado.

Una vez «notificado», los abogados tendrán un máximo de dos días para presentar el recurso, que en este caso será lo que en Brasil se conoce como un «embargo de declaración» y que consiste en un esclarecimiento de una decisión judicial.

El recurso podrá ser presentado por la defensa de Lula hasta el próximo 20 de febrero y será analizado por los tres magistrados que componen la octava sala del TRF, aunque la condena no puede ser revertida en ese tribunal.

Lula (2003-2010) fue condenado el pasado 24 de enero de forma unánime por el TRF4, tribunal que ratificó la pena de primera instancia y la amplió a doce años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Según concluyó la justicia, Lula recibió el derecho a disfrutar de un apartamento en el balneario de Guarujá, en Sao Paulo, como soborno de la constructora OAS por el favorecimiento en contratos con Petrobras.

El exmandatario, quien quiere ser candidato presidencial para las próximas elecciones de octubre, ha realizado diferentes maniobras judiciales en las últimas semanas para impedir ser preso una vez se agoten los recursos en segunda instancia.

De esa forma, los abogados de Lula presentaron la pasada semana un «habeas corpus» ante el Supremo para impedir que el exmandatario pueda ser arrestado antes de que los recursos sean revisados por tribunales superiores, como el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo Federal (STF), máxima corte del país.

Una decisión cautelar adoptada en 2016 por la Corte Suprema determinó que una pena dictada por un tribunal de segunda instancia puede comenzar a ser ejecutada una vez que se agoten los recursos en esa misma fase del proceso, aunque el tribunal todavía no le ha dado un carácter definitivo. (EFE)