Madrid.- El Gobierno español aprobó ayer un proyecto de ley que propone aplicar penas mayores a los violadores en serie, a los secuestros que acaben con la muerte del rehén y a quienes atenten contra infraestructuras clave, como puertos, aeropuertos, carreteras, estaciones y trenes.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, presentó ayer el proyecto de reforma del concepto de prisión permanente revisable, que hasta ahora se aplica a supuestos de excepcional gravedad como los asesinatos terroristas, el homicidio del jefe del Estado o de su heredero y en casos graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad.
Supone el cumplimiento íntegro de entre 25 y 35 años de cárcel, dependiendo del tipo del delito y si la pena es por uno o varios, tras lo cual se revisará.
Si no se cumplen determinados requisitos para la libertad, el preso seguirá en prisión.
CASOS DE APLICACIÓN
Ahora se ampliarán los casos en los que se aplicará, caso de que el Congreso lo apruebe, aunque el gobernante PP (centroderecha) carece de mayoría y tendría que buscar apoyos entre otros grupos.
No será fácil, porque varios partidos, entre ellos los dos de izquierda que siguen al PP en escaños (socialistas y Unidos Podemos), así como otras pequeñas fuerzas, presentaron hace dos años un recurso al Tribunal Constitucional contra esa figura judicial, por considerar que en realidad esconde el concepto de cadena perpetua, que la Constitución española no prevé.
Los críticos consideran que el PP quiere impulsar el endurecimiento de penas por si resulta popular en determinados sectores de población, en especial después de varios casos de secuestros con muerte, tanto de mujeres jóvenes como de menores, que ha habido en los últimos tiempos en España.
MINISTRO
El ministro Catalá ha negado oportunismo político y electoralismo, y ayer habló de “demanda social” respecto a esta figura penal, a la que quiere dar su “compromiso y voluntad de mantenimiento”.
“Volver a ser la excepción en Europa no sería una buena noticia”, añadió Catalá, para defender que esta herramienta existe en todos los países comunitarios excepto en Croacia y Portugal, mientras que en Italia, Alemania y Francia se aplica de una manera más intensa.
En esta línea, aseguró que la prisión permanente se aplica en “casos extraordinarios muy singulares” y representa “la respuesta más firme del Estado de Derecho para proteger a la sociedad de los delincuentes más graves”. (EFE)
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