El periplo escabroso del Código Penal

La historia política del país de los últimos tiempos ha registrado un episodio notable, tanto por su contenido como por las características de forma con que dicho Código fue aprobado y abrogado, aspectos que deberán tomar en cuenta los futuros historiadores que se ocupen del asunto.

Inicialmente, la Asamblea Legislativa había estudiado un nuevo Código Penal durante un año, poco menos que en forma subrepticia. Sancionada la norma, los médicos pidieron abrogar dos artículos, lo cual provocó que otros sectores sociales también se sintiesen afectados y exijan la derogatoria de otros artículos, utilizando para ello la resistencia civil y una huelga general que duró 50 días. Alarmado, el Presidente del Estado pidió al Legislativo la derogación de los dos puntos criticados, solicitud que fue cumplida de inmediato y sin la menor observación en Diputados, por lo que pasó al Senado y luego al Ejecutivo, donde esa misma noche la promulgó, en ausencia del Primer Mandatario, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.

Pero, enseguida, los nuevos movimientos sociales se levantaron pidiendo la abrogación de todo el nuevo Código del Sistema Penal, exigencia masiva que recibieron con oídos sordos el gobierno y sus principales ejecutivos, rechazando cualquier solicitud de abrogar el CSP en su totalidad.

En efecto, el Vicepresidente insistió con que el Código no sería abrogado y, en cambio, se procedería a explicarlo en tiempo de un año. “Eso es lo que vamos a hacer -sentenció- todo este año, vamos a explicar y si resulta que hay un artículo o diez artículos que hay que cambiar, lo vamos a hacer”. Es más, exhibió el texto del Código publicado en la Gaceta Oficial y, a la vez, el gobierno copó gran parte de los medios audiovisuales de todo el país explicando las “bondades” de la norma.

Enseguida, el Presidente del Senado, siguiendo la línea del Vicepresidente, admitió que hubo debilidad en el Órgano Legislativo y aseguró: “Evidentemente ha habido un déficit, hay que admitirlo, eso hacemos nosotros: una autocrítica. Ha faltado probablemente ponerle mucho más empeño a la socialización”. También planteó la elaboración de una sola ley modificatoria del Código Penal con los cambios que sean observados y requieran una reforma durante el proceso de socialización y revisión de la norma. Ese será el trabajo de futuros historiadores.

A esos reconocimientos se sumó el Ministro de Justicia que remarcó que no se abrogará la norma penal, pero que “se puede hacer la modificaciones, complementaciones y en el plazo de un año realizar un gran encuentro nacional para consolidar un Código del Sistema Penal en las mejores condiciones”, como propuso el Presidente del Estado.

En absoluta unidad en torno a la posición del Primer Mandatario, todas las esferas subalternas del oficialismo se atrincheraron en apoyo a la posición de no abrogar el nuevo Código Penal y solo hacerle reformas durante un año para evaluar si tiene vacíos, etc. Sin embargo, tempestuosas nubes se cernían en el horizonte, pues se intensificaba el malestar en los nuevos movimientos sociales, particularmente en Santa Cruz, y aumentaban los pedidos para la abrogación del mencionado cuerpo legal, por lo que el Jefe del Estado tuvo que pedir a la Asamblea abrogar todo el polémico Código.

En esa forma desairó y arrojó un balde de agua helada a sus obsecuentes seguidores -que defendían las “delicias” de la nueva normal y aseguraban su cumplimiento y simple reforma durante un año-, dejándolos con el ojo en tinta. Tales personajes hasta ese momento cumplían a pie juntillas el mandato autoritario e imperativo de no abrogar el Código, empezando por el Vicepresidente, presidentes de Diputados y Senadores, ministros y corifeos en general.