Conalab planteó metodología para nuevo Código Penal

El Colegio Nacional de Abogados (CONALAB) planteó una metodología para la redacción de un nuevo Código Penal, el basarse a un diagnóstico de la realidad de la justicia boliviana, desde sus propios actores y la participación de los sectores de la sociedad.

“A partir de un diagnóstico de quienes estamos constantemente inmiscuidos en la práctica procesal penal se debe sacar conclusiones y que estas nos sirvan para poder generar una política criminal que el Gobierno no tomó en cuenta en el código de sistema penal que fue abrogado”, explicó el presidente del ente colegiado, Israel Centellas.

Esta instancia implementó 10 mesas de trabajo para el análisis del código de sistema penal abrogado por el presidente evo morales el pasado 25 de enero a través de una ley corta, que fue rechazada y cuestionada por varios sectores del país, quienes se movilizaron y los legisladores iniciaron una huelga de hambre.

DIAGNÓSTICO

El jurista manifestó en este diagnostico se debe consultar las falencias y obstáculos a los que están inmiscuidos en el procedimiento penal, fiscales, jueces, policías y a bogados.

Los fiscales deben explicar que obstáculos tienen para la investigación y la resolución de los casos, cuál es la carga procesal que cada uno de ellos tiene y como podrían trabajar de forma adecuada.

Los policías, divididos en diversas áreas y saber qué tipo de dificultades tienen en material de escritorio, de laboratorio y técnico de los que dependen para la mejor obtención de los indicios de un proceso determinado. los jueces son una pilar dentro este análisis debido a que ellos son los que realizan las resoluciones, sentencias de los procesos penales.

“Esa es la lógica de nuestra metodología que estamos planteando, hacer una diagnóstico y empezar a trabajar una política criminal determinada, donde se pueda utilizar las ciencias accesorias del derecho penal como lo es la criminología y otros aspectos para ver los delitos como tal y la parte procesal”, explicó el experto.

Todos estos datos serán la base para la construcción de una política criminal que debe estar enmarcada en tres pilares fundamentales: la prevención, sanción y rehabilitación que no planteaba la norma que fue anulada.

POLÍTICA CRIMINAL

En el tema de la prevención debe ser parte el Viceministro de Seguridad Ciudadana, parte del Ministerio de Gobierno, debe contar con estrategias para evitar que se cometan delitos, la implementación de mecanismos de seguridad en los lugares más conflictivos del país, donde el Gobierno debe asignar recursos económicos que estén acordes a estas necesidades.

Centellas destacó la sanción por la reparación económica que planteó el Código de Sistema Penal, pero que no es efectiva tomando en cuenta si el infractor no podía cumplir con este punto podía continuar recluido.

La sanción debe estar acompañada por la rehabilitación de los que cometieron el delito, en este punto el experto hizo hincapié porque es uno de los objetivos de la política criminal, hacer que los infractores puedan evitar incurrir en más hechos delictivos, con una verdadera reinserción a la sociedad y políticas de rehabilitación.

“Para que una persona se rehabilite se deben implementar talleres técnicos, las universidades pueden coadyuvar con esto, las iglesias que también pueden hacer que las personas se rehabiliten. También es importante la construcción de verdaderos centros de penitenciaria en el sentido que tengamos un régimen cerrado para aquellas personas que hayan cometido delitos cruentes y la penitenciaria abierta donde tienes la posibilidad de salir para trabajar”, puntualizó.