Comisión Interamericana de Derechos Humanos
• En 2017, más de 120 personas fallecieron por represión violenta de la Guardia Nacional Bolivariana venezolana
Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ayer en un extenso informe el “alarmante debilitamiento” de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, que se ha “intensificado” en los últimos dos años.
En este análisis, divulgado en Washington y centrado sobre todo en 2017, la CIDH considera que “las graves injerencias de los poderes Ejecutivo y Judicial en el poder Legislativo” son uno de los factores clave de la crisis venezolana.
Además, señaló los «altos niveles de corrupción», la «existencia de un patrón de represalias» a quienes se manifiestan contra el Gobierno, «severas restricciones a la libertad de expresión», «el aumento de la violencia y la criminalidad» y el «desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumos médicos».
DEMOCRACIA
“La Comisión viene observando un progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos en Venezuela, que se ha intensificado de manera alarmante en los últimos dos años y especialmente en 2017”, concluyó en el reporte.
El Gobierno chavista no permite a la Comisión entrar al país desde su visita de 2002, a partir de la cual el organismo hizo un informe crítico sobre derechos humanos y democracia publicado al año siguiente.
Por tanto, la CIDH ha tenido que elaborar este informe con la información que ha recibido en los últimos dos años y con la que solicitó expresamente a organizaciones de la sociedad civil y al Estado para este cometido.
La Comisión, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), decidió hacer este estudio ante el «profundo deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela».
CRISIS
«La salida de esta crisis debe ser democrática, pacífica y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas. Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos», sostiene el organismo.
«Es urgente que el Estado de Venezuela asuma la gravedad de la situación, atienda las recomendaciones realizadas en este informe, y acepte los ofrecimientos de cooperación internacional, teniendo como eje principal el bienestar de sus habitantes», agregó.
La CIDH hizo también un llamado al resto de Estados miembros de la OEA para que, «como garantes colectivos del respeto a los derechos humanos en la región», cooperen en «persuadir al Estado venezolano de la importancia de dar su anuencia para que la CIDH pueda realizar una visita al país a la mayor brevedad».
Aunque Venezuela se retiró de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 2013, la Comisión puede seguir atendiendo las violaciones de derechos humanos en el país (sin enviarlos a la CorteIDH) hasta que se haga efectiva su denuncia de la Carta de la OEA, es decir, su salida de la organización regional el 28 de abril de 2019.
COMUNIDAD INTERNACIONAL
En ese contexto, la CIDH reiteró el llamado a la comunidad internacional a que use su informe sobre Venezuela en sus «esfuerzos jurídicos y políticos» para buscar una salida a esa crisis, al tiempo que pidió presionar para que el Gobierno chavista le deje visitar el país.
Así lo dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en la presentación del reporte en la sede del organismo en Washington, después de entregar el documento tanto al Gobierno de Venezuela como al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
COLOMBIA
Además, la CIDH anunció ayer que ha solicitado a Colombia poder visitar su frontera con Venezuela para evaluar la situación de la inmigración procedente de ese país, al tiempo que recordó que «el cierre de fronteras no es la solución».
Así lo dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en la presentación de un informe del organismo sobre Venezuela donde se documenta el «alarmante debilitamiento» de la democracia y los derechos humanos en el país, que se ha «intensificado» durante los dos últimos años.
Preguntado por la decisión del Gobierno colombiano de endurecer los controles fronterizos, Abrão señaló que «cada situación debe ser analizada de manera particular», pero recordó que los estándares interamericanos «apuntan que el cierre de fronteras no es una solución al tema migratorio ni para la situación de desplazamientos forzados».
«No podemos pronunciarnos sobre esta situación en concreto hasta después de esa visita y también estamos dialogando con las autoridades colombianas sobre las respuestas que han sido construidas para manejar un desafío tan grande», agregó. (EFE)
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