Invasión chilena al puerto de Antofagasta

A mediados del siglo XIX el químico alemán Justus von Liebig, había descubierto que el salitre constituía un excelente fertilizante para las empobrecidas tierras de Europa, lo que despertó interés por este elemento natural, y los mayores depósitos de salitre se encontraban en las costas de Bolivia y el Perú. El salitre se valoriza y las compañías anglochilenas se ocupan de explotarlas, sin compensación alguna por el usufructo de estos yacimientos a los Esta-dos dueños.

El último concesionario de los derechos de explotación del salitre obtenidos por Santos Ossa (1868), fue la “Compañía Anónima de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta”, precisamente, esta empresa fue la que engendró el motivo inmediato –dentro de lo jurídico– para la guerra de despojo que emprendió el gobierno de Chile, mediante recursos ilegales en los reclamos que sobrevinieron a causa del impuesto de 10 ctvs. Decretado por el gobierno del Gral. Hilarión Daza.

En noviembre de 1877 se reunió en La Paz la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el gobierno provisorio del general Hilaron Daza. Después de dictar una Constitución y de ocuparse de varios asuntos de administración Interna, la asamblea pasó a revisar la transacción de 21 de noviembre de 1873.

Después de una amplia deliberación, votó el 14 de febrero de 1879 la ley siguiente:

“La Asamblea Nacional Constituyente.- Decreta: Artículo único: Se aprueba la transacción celebrada por el ejecutivo en 23 de noviembre de 1873 con el apoderado de la Compañía Anónima de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, a condición de hacer efectivo, como mínimum un impuesto de diez centavos en quintal de salitres exportados.- Comuníquese al poder ejecutivo”.

Este impuesto abiertamente impugnado por la Compañía de Salitres, cuyo gerente, Mr Geor-ge Hicks, arguyó que la Compañía era chilena y recurrió al amparo del gobierno de Chile –por entonces presidido por Anibal Pinto–, el cual aprovechó este asidero para darle carácter de Estado a una cuestión netamente privada con el argumento de que la ley impositiva de los 10 centavos iba contra los términos del tratado de agosto de 1874, que establecía el compromiso de Bolivia de no imponer impuestos sobre capitales o industrias “chilenos”, sin embargo, resultaba que la Compañía de Salitres era una Compañía “anónima” y no estatal chilena.

La situación se hizo más tensa cuando el 7 de enero de 1879 hace su aparición en la rada de Antofagasta el acorazado chileno “Blanco Encalada”, en actitud hostil. El 10 de febrero, el Prefecto cumpliendo órdenes del gobierno de Daza, notifica al gerente de la Compañía para que haga efectivo el pago del impuesto de los 10 ctvs. de los miles de quintales de salitre ex-portados desde febrero de 1878, Mr. George rehuyó la notificación, entonces Zapata dispuso el “embargo” de los bienes de la empresa, señalando el 14 de febrero (1879) para el remate público de los mismos. Zapata secundó sin quererlo, con su espíritu intransigente, la política de provocación desarrollada por la Compañía del Salitres para arrastrar a Bolivia al conflicto.

Sin embargo, el Presidente de Bolivia, Hila-rión Daza había emitido el decreto de 1ro. De febrero (1879) que, considerando el hecho de que el representante de la Compañía de Salitres “ha protestado” contra la ley del 14 de febrero de 1878, declaraba “rescindida y sin efecto la convención del 27 de noviembre de 1873. . . y en su mérito suspendidos los efectos de la ley del 14 de febrero de 1878”.

Al decreto de rescisión del contrato con la Compañía de Salitres, el representante diplomático de Chile, Videla, envió un “ultimátum” dando plazo de 48 horas para que el gobierno de Bolivia responda con su aceptación o rechazo de un arbitraje en el litigio “tal como Chile lo entendía” (febrero 8). Cuatro días después (12 de febrero) las autoridades bolivianas replican pidiendo explicaciones sobre los preparativos bélicos que se hacían en el litoral y advirtiéndole no poder continuar la negociación iniciada mientras que el “Blanco Encalada” no desocupe el puerto de Antofagasta. Ese mismo día, Videla cumpliendo órdenes de su gobierno, hizo conocer al de Bolivia que su función diplomática había concluido y declaraba a la vez: “Roto el tratado de 6 de agosto de 1874, porque Bolivia no había dado cumplimiento a las obligaciones en él estipuladas, renacen para Chile los derechos que legítimamente hacía valer antes del tratado de 1866 sobre el territorio a que este tratado se refiere”. El Ministro chileno pide sus pasaportes para regresar a su país y el Gobier-no de Bolivia le expide los pasaportes, no sin haber tentado antes otros medios de conciliación.

La madrugada del 13 de febrero arriban a la costa de Antofagasta dos naves chilenas, el “Cochrane” y la corbeta “O’Higgins”, la amenaza de una invasión militar era inminente. La mañana del 14 de febrero de 1879, se vio desprenderse del “Cochrane”, un bote con algunos tripulantes, simultáneamente, desembarcan dos compañías, una de artillería de marina y otra de tierra, a cargo del coronel Emilio Sotomayor y mandadas ambas, por el capitán Exequiel Fuentes.

Ya en tierra, el capitán Borgoño se encamina resueltamente a la Prefectura del litoral para conferenciar con el Prefecto, el coronel boliviano Severino Zapata, a quien entrega los pliegos de que era portador, o sea la nota que dirigía al representante oficial de Bolivia, el jefe de la expedición chilena coronel Emilio Sotomayor.

El texto de dicha comunicación decía:

“Antofagasta, 14 de febrero de 1879.– Señor Prefecto: Considerando el Gobierno de Chile, roto por parte de Bolivia el tratado de 1874, me ordena tomar posesión con las fuerzas de mi mando, del territorio comprendido en la grado 23”.

Cumplida la comisión por el capitán Borgoño, ponen pie a tierra las fuerza invasoras, 100 hombres de artillería de marina; igual número de soldados del regimiento No 1 de artillería, comandados por el coronel Emilio Sotomayor, se inicia la ocupación de Antofagasta y paulatinamente de otros puertos y caletas bolivianos.

En tal crítica situación, el Prefecto, coronel Zapata, se apresura en enviar su nota de respuesta al requerimiento del jefe de las fuerzas chilenas:

“Prefectura del Departamento de Cobija. Antofagasta, febrero 14 de 1879, Señor, mandado por mi gobierno a ocupar la Prefectura de este departamento, sólo podré salir a la fuerza. Puede usted emplear ésta, que encontrará ciudadanos de Bolivia desarmados, pero dispuestos al sacrificio y al martirio. No hay fuerzas con qué poder contrarrestar a tres vapores blindados de Chile; pero, no abandonaremos este puerto, sino cuando se consuma la invasión armada.

“Desde ahora, y para cuando haya motivo protesto a nombre de Bolivia y de mi Gobierno contra el incalificable atentado que se realiza. Dios guarde a Ud.– (Fdo.) Severino Zapata.

Inmediatamente, las fuerzas invasora ocuparon la plaza de armas y colocaron en las esquinas las ametralladoras y cañones. El populacho compuesto en su mayoría por chilenos y de otras nacionalidades se plegaron a las fuerzas invasoras, tomaron la Prefectura, el cuartel y demás oficinas, arrastrando por las calles el escudo y bandera bolivianos. Zapata no tuvo otro recurso que abandonar el puerto, se había ejecutado a la perfección los planes chilenos de apoderarse de las riquezas guaneras y salitreras tanto de Bolivia como del Perú, ejecutando a la vez sus planes de expansión territorial y sentar hegemonía en las costas del Pacífico.

Las alarmantes noticias ocurridas en puertos bolivianos llega a La Paz una semana después.