Importa el país, no los enfrentamientos

Estamos a pocos días del 21 de febrero, cuando se volverá a recordar la decisión que tomó en 2016 el pueblo en relación con la posible repostulación del actual Primer Mandatario. En un referéndum la mayoría de la población, categóricamente, no aceptó cambios en la Constitución para una nueva postulación; pero, en todo caso, pese a lo que significa esa fecha, cuyo desenlace puede ser calificado como definitivo, por decisión del gobierno y su partido los resultados obtenidos serían consecuencia de “una mentira”.

El nuevo aniversario de dicha consulta popular se presenta en medio de sombras, ya que, por una parte, organizaciones cívicas, partidos políticos, instituciones privadas de todo tipo y buena parte del pueblo están decididos a realizar manifestaciones y acciones de apoyo al NO y de protesta contra la insistencia para la repostulación del Primer Mandatario. Pero lo grave de esa intención está en que los del partido de gobierno, conjuntamente adeptos al oficialismo, anunciaron que el mismo día realizarán marchas que podrían derivar en enfrentamientos entre las partes concurrentes a los escenarios de apoyo o rechazo a lo que se resolvió el 21 de febrero de 2016.

Ante esta situación, lo que corresponde es que las partes entiendan que la desunión, los enfrentamientos, las posiciones antagónicas de quienes buscarán imponer sus criterios anulando a la otra parte, no resolverán el problema o, mejor dicho, no pondrán remedio a una situación que se ha convertido en conflictos permanentes; no se abrirá cauces de diálogo y entendimiento, menos de conciliación y armonía que sería lo deseable y justo en aras de los intereses del país.

Tanto el gobierno y su partido, conjuntamente quienes preparan los apoyos al resultado del referéndum del 21 de febrero, deben tomar conciencia sobre una realidad que el pueblo espera. Lo ocurrido con el referéndum es terminante, contundente y, por otra parte, la decisión del gobierno y su partido parecería ser posibilidad de cambio, pero hay persistencia en los dirigentes del MAS para imponer su voluntad como sea, sin importarles la paz y tranquilidad social, que son necesarias hoy más que nunca. Habrá que preguntar a todos, muy especialmente a los dirigentes y a la militancia masista: ¿qué se lograría con posiciones radicales por las que habría perdedores de ambas partes? ¿Variarían los resultados por los cuales el NO tuvo mayoría? ¿Se apaciguarían los ánimos, sin dar lugar al surgimiento de rivalidades y confrontaciones inútiles? ¿Ganaría cualquiera de las partes sin causar mayor resentimiento y contrariedad en la otra?

Debería quedar entendido que tanto el gobierno con su partido MAS y los que apoyan el NO del 21 de febrero tienen derecho a la protesta, a pensar diferente que los de la otra parte, a defender lo que consideran justo y legal; pero nadie tiene derecho a la confrontación y la discordia, que podrían convertirse en enfrentamientos que causen daño a todos. Corresponde, pues, que se evite extremos que deriven en males que todos lamenten; paz y armonía se requiere, aunando voluntades, porque así lo pide el país.