Uno de los recientes hechos bochornosos en la Asamblea Legislativa tuvo lugar el 24 de enero al término de una sesión de la Cámara de Diputados, que transcurrió en 11 horas, cuando la diputada oficialista Juana Quispe arrojó coca masticada (acullico) a los diputados opositores Gonzalo Barrientos y Shirley Franco, en presencia del resto de los legisladores. Quispe se había desempeñado como Jefe de Bancada del MAS en 2017 en la Cámara Baja.
Los diputados agraviados anunciaron que demandarán a su ofensora ante la Comisión de Ética, Comisión que fue disuelta en abril de 2017. Al presente se procedió a su reorganización, sin perjuicio de incluir a la cuestionada legisladora en calidad de integrante de esa instancia, designación se dice asumida “orgánicamente” por el MAS.
La incorporación de Quispe a la indicada Comisión puede interpretarse como un desafío a la comunidad nacional, tratándose del primer Órgano representativo del país. Sin duda, es una demostración de autoritarismo en el manejo de la cosa pública y, paradójicamente, sin el menor respeto a la ética, como base valorativa indispensable de la administración del Estado en todos sus niveles.
Desde ningún ángulo es ético elevar a juez a quien acaba de ofender de hecho a colegas suyos y equivale a que un reo sea promovido al tribunal que debe juzgarlo. Estamos ante un acto írrito e inconcebible que viene a enturbiar en demasía a un Órgano o Poder que se halla en entredicho de la opinión pública nacional.
El MAS justifica la designación como una reparación a las “humillaciones” de que habría sido objeto la diputada Quispe, afirmación corroborada por la presidenta de Diputados. La protagonista se había desempeñado como dirigente de la Federación de las Mujeres del Trópico del Chapare, lo que le valió la diputación. Por su parte, adelantó que no pedirá disculpas a los agraviados y que son ellos quienes deberían hacerlo, a los que llamó “vendepatrias”. El único antecedente de un salivazo semejante fue el del abogado Gualberto Cussi al asambleísta Víctor Borda, en medio de una discusión personal.
El Reglamento de Ética en cuestión contiene un procedimiento para los que incurran en escándalo o faltas al decoro, previsión que abarcaría a la diputada Quispe nada menos que como primera demandada. Su inclusión en la Comisión de Ética es una medida obvia dirigida a protegerla en este caso, aunque a costa de un pésimo precedente y una burla a la ciudadanía.
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