Aviso para gobiernos abusivos

La reciente decisión de la Corte Penal Internacional de la Haya, de iniciar el examen preliminar de casos de violación a los derechos humanos en Venezuela, no sólo debe preocupar a Nicolás Maduro, el principal señalado en esas investigaciones, sino a todos los gobiernos latinoamericanos donde la democracia, en los hechos, tiende a periclitar.

Si bien es cierto que el examen preliminar es un primer paso que puede tardar años para dar lugar a una investigación formal y luego a un juicio, no lo es menos que el solo hecho de estar en la mira de la Corte Penal Internacional puede derivar en que el régimen denunciado opte por moderar sus acciones represivas.

Maduro, de ahora en más, estará sujeto a pedidos de informes, envío de comisiones y otras exigencias propias del examen preliminar a los que la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, someterá previsiblemente a su gobierno. También a la exigencia de que deje de tener sometida a la justicia, para dar paso a investigaciones internas independientes.

La decisión de Bensouda de poner en el banquillo al execrable régimen de Maduro muy probablemente moderará su accionar, pues significa una nueva presión externa contra él, que se suma a otras como llevar casos de violación de derechos humanos, por parte de él, a la Organización de Naciones Unidas, a la OEA y a organismos independientes dedicados a investigación de abusos a la población civil por parte de gobiernos.

El mensaje debe ser también debidamente evaluado por otros gobiernos que no sólo aplauden esas transgresiones en Venezuela, sino que las practican -aunque más no sea en menor escala- en Latinoamérica, donde la búsqueda del poder sin límites se ha hecho evidente en los últimos años, incluso a costa de abusos y atropellos a los derecho humanos.

En Bolivia, deberían merecer especial atención varios casos de violencia exagerada, causa del sometimiento al examen preliminar por parte de la Corte Penal Internacional en el caso venezolano, por parte de organismos de represión del Estado. Entre otros, tales parecen ser los casos del Hotel Las Américas, la Calancha, Chaparina, Caranavi, además de otros de persecución política contra opositores mediante el uso de fiscales y jueces que parecen responder más a consignas del poder político antes que a la Constitución y las leyes.

El caso más reciente de uso desproporcionado de la fuerza es el de la brutal represión que el gobierno de Evo Morales ordenó a la policía durante las manifestación del sector de médicos, paramédicos y estudiantes entre diciembre y enero. Entonces, al menos dos mujeres estudiantes -casi adolescentes- recibieron disparos de balas de goma en la cara, por la posible acción de francotiradores, lo que no puede ser calificado como otra cosa que como actos de verdadero atropello a los derechos humanos.

El gobierno boliviano debería saber que ahora la Corte Penal Internacional ha puesto sus ojos en la región y no causaría mayor sorpresa en el mundo civilizado que mañana su accionar sea sujeto a las mismas medidas de ese tribunal, visto como está, además, el entusiasmo con que Morales aplaude las fechorías de Maduro en obvias operaciones de socapamiento.

Precisamente, por estos días asistimos a una nueva acción en ese sentido del gobierno Morales, que -por si no tuviera suficiente con sus problemas internos- se ha dedicado a reclamar a voces una reunión urgente de la menguada Unasur para analizar la supuesta inminente invasión de Estados Unidos a Venezuela, pergeñada en teoría por el gobierno de Trump y promovida por opositores bolivianos (¡!) entre otros grupos a los que tanto gusta acusar de golpistas.

Cabe preguntarse, por una inferencia lógica de la alegre denuncia de Morales: ¿si la oposición boliviana tuviera tanto poder como para deponer al gobierno venezolano, por qué no usaría una mínima parte de él para lograr que Evo Morales respete el dictado de las urnas del 21F?