Nuevo Índice de Precios al Consumidor: ¿mejorado?

En días pasados el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos sorprendió con una noticia que tendría que ser muy bien analizada por todos, ya que se trata de cambios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es un instrumento público por el cual el gobierno mide el incremento de los precios, en cuya base determina los reajustes salariales cada cierto período de tiempo, generalmente un año. Con el “noble” propósito de que la población no pierda el poder de compra de su salario o ingreso, con el cual debe cubrir sus gastos o satisfacer sus necesidades consideradas básicas, lo que no es poca cosa.

El IPC es un índice económico en el que se valora los precios de un predeterminado conjunto de bienes y servicios (canasta familiar), generalmente determinado sobre la base de una encuesta continua de presupuestos familiares, que una cantidad de consumidores adquiere de manera regular, y la variación con respecto del precio de cada uno, respecto de una muestra anterior.

Mide los cambios en el nivel de precios de una canasta de bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares. Se trata de un porcentaje que puede ser positivo (lo que indica un incremento de los precios) o negativo (que refleja una caída de los precios). El objetivo es estudiar su evolución, referido a un conjunto de bienes y servicios representativos de los gastos de consumo de los hogares de una determinada región o país.

En suma, es un indicador de inflación (sabiendo que el IPC no incluye los precios de los consumos intermedios de las empresas ni de los bienes exportados) y sirve como Deflactor de las cuentas nacionales (o contabilidad nacional), para medir la evolución del producto en su conjunto (cantidad) y de otras estadísticas. Por lo que debe ser regularmente actualizado para tomar en cuenta las sustituciones de bienes que realizan los consumidores como respuesta a cambios de precios, de manera de reflejar la realidad y tener una mejor estimación del costo de vida que es lo que se ha hecho con el nuevo índice.

Sin embargo, el problema mayor, especialmente cuando es muy mala la distribución del ingreso, es que dependiendo de cómo se calcula este índice, puede dar lugar a importantes desajustes en el poder de compra de la población, perjudicando a unos o beneficiando a otros en exceso, ahondando las diferencias en la distribución del ingreso, que es lo que probablemente está ocurriendo en Bolivia.

Es decir, en el caso de la población de menores ingresos, donde la mayor proporción de sus gastos lo dedica a alimentos que, generalmente, son los que más suben de precio, si la ponderación para el cálculo del IPC no refleja verdaderamente este fenómeno, el resultado final para este grupo de personas es que simplemente no logra recuperar el poder de compra que tenía su salario anterior, al contrario de lo que ocurre con las personas de mayores ingresos, donde la significación de sus gastos en alimentos es mucho más baja y, por lo tanto, el IPC está más relacionado con el precio de los demás bienes y servicios que son a los que accede esta población, produciendo una compensación en exceso o más justa que en el caso anterior.

En otras palabras, la medición del índice puede dar lugar a una compensación que se traduce en una pérdida del poder de compra del salario o ingreso del grupo social de menores ingresos que, por cierto, es el más vulnerable y al que la sociedad en su conjunto debería favorecer de alguna manera. Mucho peor por un gobierno que dice estar a favor de este grupo social que precisamente cuando estaba en su mejor momento redujo la ponderación del grupo de alimentos para fines del cálculo del IPC.

En efecto, en la modificación que hizo para el cálculo del IPC se redujo la ponderación de un 36.5% que existía en 1991 a 27.4%, ponderación que no ha variado al presente sino en una proporción poco significativa (27.06%), lo que vendría a resultar que desde hace tiempo el grupo más vulnerable de la sociedad está perdiendo sistemáticamente el poder de compra de su salario o ingreso.

Por cierto, se trata de un problema de muy difícil solución que no se puede resolver a través de la manipulación del IPC, sino por vía del desarrollo y la generación de empleo, lo que sugiere un modelo donde el protagonista o principal actor sea el ciudadano, en el que el Estado mayormente juega el papel de regulador y estimulador de la competencia, con la mayor certidumbre posible, donde el sistema de precios se mueva en un permanente y sano equilibrio, tanto interno como externo, evitando artificios o trucos que en algún momento pasan su factura.

El Ing. Com. Flavio Machicado Saravia es Miembro de Número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.