Ni por el cielo ni por el suelo

El Perú será sede de la Octava Cumbre de las Américas, aunque este cónclave fijado para el 13 y 14 de abril próximo en Lima, esté cargado de condimentos que en sus versiones pasadas no se dieron. En el pasado próximo, no recuerdo que una situación como la que comentamos se haya producido en la región. La gravedad del incidente da mérito a consideraciones de orden diplomático en el ámbito del derecho internacional, como de enésima condena a la dictadura del presidente Nicolás Maduro, desde la óptica política.

Ciertamente, tras la declaración de la canciller peruana Cayetana Aljovín -quien por instrucción de su gobierno retiró la invitación para que Maduro participe en el foro continental-, no puede pasar desapercibido el desplante vergonzoso para el desairado gobernante. En términos de Derecho Internacional público, supone la condenación expresa a un mandato despótico, no solo por parte del régimen peruano, sino del Grupo de Lima, conformado por buena parte de los 35 estados independientes de América, que han apoyado la decisión del anfitrión.

Esa actitud del gobierno peruano, novedosa y justa; ¿supone luego una injerencia en los asuntos internos de Venezuela? Claro que no. El razonamiento en el ámbito del Derecho, que regula las relaciones entre estados, es sencillo. Y es que si bien uno de los principios básicos del Derecho internacional público es el respeto a la soberanía de los estados y en consecuencia, la no intervención en sus asuntos internos, el respeto a los acuerdos y tratados es, asimismo, presupuesto sine qua non de sus signatarios y en el ámbito de su contexto. De esta manera, la espartana determinación de 12 miembros de la OEA que respaldan el retiro de la invitación a Maduro, se halla plenamente justificada en aplicación a la Declaración suscrita también por Venezuela en 2001 en Quebec, que conviene con inocultable, pero legítima intencionalidad política, el resguardo y fortalecimiento del Estado de Derecho en los países que la conforman, al determinar que: “En consecuencia cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”.

Pero la Declaración continental va más allá, porque sus firmantes se comprometen a observar el pleno respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales contemplados en el sistema interamericano sobre los Derechos Humanos. Hasta el más necio sabe que en los últimos años para los entresijos de Nicolás Maduro y aun para su antecesor, son conceptos que su formación marxista les impide acatar.

Las violaciones a su Constitución, a las libertades políticas, a derechos ciudadanos y derechos humanos, determinan que con actitud indudablemente inusual, pero legítima, el gobierno del Perú, avalado por el grupo de Lima, niegue el ingreso a su territorio al nefasto dictador, quien, como categóricamente dijo la canciller Aljovín, no podrá entrar por suelo, ni por cielo ni por mar. Es grave, porque se rompe la armonía entre estados, donde por propia declaración, es la democracia el sistema de gobierno que en cada uno de ellos debe imperar. Es grave porque Maduro, inepto moral e intelectualmente, puede desafiar, como ya lo anticipó, la paz y violar la soberanía territorial o de espacio aéreo, lo que ocasionaría inimaginables conflictos en la subregión especialmente.

El autor es jurista y escritor.