El No del 21F ratifica disposiciones de la CPE

Han transcurrido dos años del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando el pueblo ratificó, una vez más, su apego a los textos constitucionales al negar, categórica y terminantemente, que el Presidente de la República y su segundo puedan repostularse el año 2019 para un período más de permanencia en sus cargos.

La mayoría del país ha negado la posible anulación o cambio del Art. 168 de la Constitución Política del Estado que prohíbe el ejercicio por más de dos períodos de la Presidencia de la República, una medida conveniente para que la alternabilidad en el poder sea norma de comportamiento moral y político, para que no se dé lugar a ambiciones por permanecer indefinidamente en los poderes de la República.

La verdad es que, desde los primeros anuncios en sentido de violentar la Carta Magna para una especie de eternización en el poder, el pueblo, en sus diferentes instancias e instituciones, ha negado que ello sea posible; ha condenado todo intento al respecto y ha censurado toda conducta que tienda a cumplir ese extremo que sería totalmente ilegal, arbitrario y contrario a los derechos humanos.

El gobierno y su partido han tratado por todos los medios de encontrar justificativos para una re-re-reelección y seguramente que, logrado ese propósito, se buscaría la eternización en el cargo, hecho que, de concretarse, sería asumir de hecho -sin que lo permita el Derecho- la condición de dictadura inconstitucional, muy semejante a la imposición de una tiranía propensa a los peores extremos en contra del país; sería, además, la forma y medio para violentar todas las leyes y contradecir la vigencia de claras disposiciones internacionales que prohíben el ejercicio ilegal de cualquier poder de un Estado contraviniendo sus propias leyes; sería, por otra parte, el medio para que el mismo régimen sufra la condena internacional y las consecuencias sean sufridas por todo el país, porque como nación que se supone vive bajo normas democráticas, pasaría a la condición de un estado irregular, en el que se pueda violentar todas las normas de convivencia pacífica y social.

El 21 de febrero, bien sintetizado por el pueblo como “21F”, ha resultado ser consigna su cumplimiento por todo el pueblo y si el gobierno busca contradecir esa voluntad popular, dispuesta claramente por el voto, contravendría toda norma legal y sería declararse, de hecho, como contrario a la Ley de Leyes, como es la Constitución. Las amenazas de que asumiría “contramarchas para enfrentar a las masivas concentraciones ratificatorias del voto popular”, serían una franca provocación y la decisión de causar enfrentamientos que el país no quiere. Pero, al parecer, el gobierno y su partido están dispuestos a llevarlos a cabo tan solo para hacer uso de la fuerza, con miras a satisfacer sus intereses y conveniencias.