El problema político originado con el resultado del Referéndum del 21 de febrero de 2016, el mismo que evitó la posible repostulación del presidente Evo Morales, va creciendo como una bola de nieve que desciende de la cumbre. Es más, pareciera que no tiene la posibilidad de llegar a una solución y que, más bien, recién está empezando.
La cuestión de la repostulación de Evo Morales empezó con la iniciativa oficial en octubre de 2016, con la convocatoria al referéndum, contando con el respaldo de Conalcam. Enseguida se procedió a la realización del evento, que dio como resultado transparente el triunfo del No.
Producida esa abrumadora definición, el oficialismo acudió a toda clase de subterfugios para anular la derrota del SÍ, arguyendo que el resultado electoral fue una “mentira”, que fue “el día de la mentira” y otros pretextos que, sin embargo, cayeron en saco roto por intentar desconocer la voluntad popular.
Pero, ahí se embrolló el problema. En efecto, el oficialismo trató de solucionarlo mediante una demanda abstracta de inconstitucionalidad que seis diputados oficialistas presentaron al Tribunal Constitucional, para que se pronuncie sobre el resultado del referéndum, recurso que al ser admitido fue considerado por la oposición como improcedente, aunque los magistrados siguieron el proceso, sin considerar que estaban a tres meses de terminar su mandato.
El Tribunal Constitucional, recurriendo al Pacto de San José, aprobó la elección vitalicia del Presidente, previamente rechazada por el voto popular del 21F, hecho que provocó malestar público, al extremo que días después la población tomó las calles en medio de acciones públicas, exigiendo respeto a la decisión del Soberano, siempre respetada por diversos gobiernos, y cuando algunos la desconocieron determinaron su violenta expulsión del poder.
Entonces, sobre mojado, llovido. Efectivamente, la cosa se embrolló mucho más esta vez con la presencia de los nuevos movimientos sociales que exigían el cumplimiento vinculante de la elección del 21F, comenzando por la Iglesia, organizaciones de prensa, la COB, gremiales, empresarios y otros que, además, en conjunto, denunciaron la dependencia del Órgano Judicial (del Órgano Ejecutivo), cuyo fallo, considerado como prevaricato, terminó por enredar y dar más tela que cortar a los opositores.
Pero la aprobación de la reelección de por vida de Evo Morales desató mayor resistencia popular, mientras el oficialismo se movilizaba para desconocer el fruto del referéndum, calificándolo como ilegítimo e inclusive originando que Conalcam proclame como candidato presidencial para el 2019 a Evo Morales, dejando de lado a Álvaro García Linera.
Entonces, en vez de que la escalada opositora pierda fuerza, más bien adquirió mayor energía y aparecieron los nuevos movimientos sociales que anunciaron una gran movilización a nivel nacional para defender el “sagrado” voto popular del 21F, amenaza que significó una nueva ofensiva de los afectados por la crisis causada por el voto NO el 21F.
En efecto, la alianza opositora de UD pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interprete el Artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, del que se valió el Tribunal Constitucional para habilitar al presidente Evo Morales para una reelección indefinida.
Como si fuese poco, varios colectivos presentaron al Tribunal un memorial pidiendo la nulidad de la sentencia que habilitó al presidente Evo Morales a una repostulación indefinida, debido a que en la emisión de la sentencia se detectó un fraude procesal y que dicha sentencia fue redactada con número, fecha y contenidos anteriores a la admisión del memorial presentado por legisladores del MAS.
Otro incidente se presentó cuando el exmagistrado Rudy Flores, quien participó con su firma en la aprobación del fallo para la reelección indefinida, fue designado Director Jurídico de la Cancillería, acto calificado como el “precio” por haber firmado el documento que habilitó la repostulación del presidente Morales.
La subida de la temperatura política por el debate en torno a la repostulación del Mandatario, registró una escalada aún más alarmante cuando diversas organizaciones ciudadanas recolectaron alrededor de dos millones de firmas que se sumaron a la denuncia que presentaron ante la OEA contra el fallo del Tribunal Constitucional.
Pero faltaba la guinda sobre el pastel. En todo el país se anticipó la movilización de los nuevos movimientos sociales que culminará con una reunión en la plaza San Francisco contra el desconocimiento de la voluntad del pueblo, acto que será culminación de marchas, paros, bloqueo de carreteras, paralización del transporte internacional, etc., anticipo de probables actos de mayor intensidad.
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