ONG pagó juicio civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada

El costo de pasajes, estadía, gastos administrativos, honorarios de los abogados, gastos de trámites de los expedientes y otros accesorios del juicio civil que presentaron las familias de nueve víctimas del denominado “Octubre Negro” contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, pagó en Estados Unidos el Centro de Derechos Constitucionales (CCR por sus siglas en Inglés)

“El 2006 buscamos alternativas para interponer una denuncia contra Goni y en esa gestión se presentaron abogados que estaban de paso por Bolivia. Nos hablaron de una ley que permite hacer un proceso en Estados Unidos. Nos comunicamos con otros abogados y estudiantes de la universidad de Harvard y firmamos un convenio con ellos para que corran con todos los gastos hasta el final del juicio”, explicó Juan Patricio Quispe representante de las víctimas de “Octubre Negro”.

Un juez federal de Estados Unidos dispuso el inicio de juicio civil contra el ex Presidente y su Ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, para este 5 de marzo con cargos por abusos y violación de derechos humanos. El juicio comenzará en la Corte Federal de Fort Lauderdale, Florida, y se prevé que durará dos semanas aproximadamente.

Tras conocer el inició de juicio civil, el ex ministro de defensa Carlos Sánchez Berzaín en contacto con un medio de comunicación en Bolivia manifestó que las víctimas y el Gobierno de Evo Morales están tras la fortuna de Gonzalo Sánchez de Lozada. Según su declaración dentro del proceso alegó que no cuenta con bienes materiales y que vive de la asistencia que le otorga el país del norte.

DISTORSIONA LA HISTORIA

Entre tanto, conocido el proceso judicial civil admitido por la Corte Federal de Fort Lauderdale, Estados Unidos, el ministro de la Presidencia Alfredo Rada, señaló que Sánchez Berzaín intenta escapar de la justicia boliviana por el caso “Octubre Negro”, distorsionando la historia de los hechos ocurridos 2003 que registraron más de 67 muertos y centenares de heridos.

En criterio de Rada, Sánchez Berzaín enfrente una situación jurídica cada vez más complicada frente a la justicia boliviana de la que trata de salvarse y a la que también deberá enfrentar, según registra la agencia noticiosa estatal.

“Son una serie de falsedades y mentiras con las que Sánchez Berzaín trata de distorsionar y falsear la verdad histórica y de esa manera escapar de la justicia. Sánchez Berzaín trata de salvarse, y en ese  afán de salvarse, distorsiona lo de octubre y utiliza para ese fin algunos medios de comunicación”,  según el ministro de la Presidencia.

DETRÁS LA FORTUNA

Entre tanto, Sánchez Berzaín, en contacto con periodistas bolivianos señaló que la demanda civil interpuesta en su contra, busca hacerse del dinero del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada “porque siempre se ha sabido que Sánchez de Lozada era un hombre rico y deben seguir suponiendo eso y quieren ir tras esa fortuna”, señaló.

Sin embargo, Freddy Ávalos abogado de las víctimas de “Octubre Negro” en Bolivia manifestó que el principal objetivo de este juicio es que la sentencia que se obtenga pueda coincidir con el dictamen que se consiguió con el juicio de responsabilidades en Bolivia, esto coadyuvaría para acelerar el trámite de la extradición de ambas exautoridades para que sean sometidas ante la justicia boliviana.

PATROCINADORES

El portal digital del Centro de Derechos Constitucionales establece que las víctimas son asesorados por el equipo legal que incluye a Paul Hoffman de Schonbrun, DeSimone, Seplow, Harris y Hoffman; La abogada principal de CCR Jennie Green y los abogados cooperadores de CCR Judith Chomsky y David Rudovsky; Steven Schulman, John Van Sickle y Jeremy Bollinger del bufete de abogados de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.

El equipo de abogados y asesores de Harvard cuenta con el apoyo de James Cavallaro y Tyler Giannini de la Clínica Internacional de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Harvard; y los abogados de Miami, Ira Kurzban y Geoffrey Hoffman. De ese modo las víctimas cuentan con 10 asesores legales.

Los demandantes en este juicio civil son: Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos Mamani, cuya hija de 8 años murió en el dormitorio de su madre cuando se disparó un solo tiro por la ventana; Teófilo Baltazar Cerro, su esposa embarazada fue asesinada después de que una bala fue disparada a través de la pared de su domicilio, matándola a ella y a su hijo por nacer.

Otra de las víctimas es Felicidad Rosa Huanca Quispe, su padre de 69 años fue asesinado a tiros a lo largo de una carretera y Gonzalo Mamani Aguilar donde su progenitor también fue asesinado a tiros

Este proceso busca una reparación de los daños ocasionados a las víctimas, el caso se desarrolló bajo el Estatuto de Tortura Extranjera (ATS por sus siglas en ingles) y la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA), donde acusan a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín de ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad por su papel en la masacre de civiles desarmados, incluidos los niños.

PROCESO

El 2007 las víctimas presentaron dos demandas ante el Tribunal Tederal, una en el Distrito de Maryland contra Gonzalo Sánchez de Lozada, ex Presidente de Bolivia y la otra en el Distrito Sur de Florida contra Carlos Sánchez Berzaín, el ex Ministro de Defensa; ambos acusados por la planificación y el ordenamiento de asesinatos extrajudiciales de civiles entre septiembre y octubre de 2003.

En 2008, el caso contra Sánchez de Lozada se consolida con el caso Sánchez Berzaín en el Distrito Sur de Florida con fines de juicio previo, y los demandantes presentan una demanda enmendada para incluir los cargos contra ambos funcionarios.

El 15 de julio de 2010, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín presentaron un recurso ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito, argumentando que tienen derecho a inmunidad, que el caso presenta una cuestión política no judicializable, y que los reclamos para asesinatos extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad no son procesables bajo el ATS.

Ávalos indicó que los familiares de las nueve víctimas se harán presentes en el inicio de juicio civil y esperan que la justicia norteamericana falle a su favor y se haga justicia para los 67 muertos y más de 400 heridos.