Investigan llamadas telefónicas de familiares de víctimas

Comenzó ayer la toma de declaraciones de los 192 testigos presenciales de las dos detonaciones en Oruro, el equipo de investigadores hace seguimiento al flujo de llamadas de 15 personas, parientes de las principales víctimas, a partir de la hipótesis que señala que los atentados tienen móviles económicos familiares, informó el ministro de Gobierno Carlos Romero.

Recordó que se trata de una investigación muy compleja que se trabaja en cuatro ejes investigativos; el primero es la de nuevos peritajes para determinar, características, materiales, la ubicación exacta donde fueron ubicados los aparatos explosivos y el tiempo transcurrido entre la activación y la detonación.

El segundo aspecto que guía la investigación es la triangulación y análisis del flujo de llamadas de celulares de al menos 15 personas, entre ellas familiares de las víctimas.

“Son personas que forman el entorno de las víctimas directas del hecho, que nos van a llevar a conclusiones, para saber si deberían ser investigadas o proporcionen datos que puedan fortalecer la hipótesis principal o generar otras”, aseveró.

Romero afirmó que este requerimiento fue presentado a la Fiscalía hace varios días pero recién el día martes fue autorizado y se espera contar con el informe de las empresas telefónicas hasta el fin de semana.

“En tercer lugar, los 192 testigos, identificados en un trabajo de telemática, esperemos nos brinden información (...) hoy (ayer) van a declarar 12 testigos y así sucesivamente para contar con nuevos elementos”, afirmó.

De acuerdo con el número de testigos y la capacidad para recibir las declaraciones, 12 por día, este proceso, incluidos sábado y domingo, demorará 16 días.

Explicó que un primer trabajo de indagación entre grupos focales no dio frutos y se trabaja con tres niveles de elementos: información pericial, secundaria y primaria, esta última de testigos presenciales.

“La información primaria ha sido hasta ahora muy débil, es decir la información que podían aportar ciudadanos que han estado cerca del lugar de los hechos, pese a que se ha tomado la iniciativa de compensar económicamente a las personas que brinden información”, lamentó Romero.

Reiteró que según las verificaciones Ana Fernández, una de las víctimas de la primera explosión, vendedora de chicharrón en cuyos enseres, presumen, fue instalada la dinamita, era propietaria de 135 hectáreas de tierra y que planeaba adquirir un yacimiento minero.