Santa Cruz (Palmasola), La Paz (San Pedro) y Cochabamba (San Sebastián) son los departamentos que en sus recintos penitenciaros albergan mayor cantidad de menores de edad.
Las condiciones en los recintos penitenciarios son “demasiadas precarias”, en el país se tienen 550 niños dentro de las cárceles sin ningún tipo de garantías para su seguridad; por lo que el defensor del Pueblo, David Tezanos, informó que al menos 132 menores de los diferentes centros serán evacuados, buscando hogares sustitutos u albergues.
Afirmó que en los centros penitenciarios de Palmasola, San Pedro y Cochabamba se tiene mayor cúmulo de menores de edad.
Afirmó que los niños evacuados serán trasladados a hogares sustitutos, realizando un acompañamiento hasta encontrar al familiar que pueda asumir la responsabilidad.
Explicó que de los 550 menores se verificará si los niños que se encuentran en las cárceles están enmarcados en la Ley (de 1 a 6 años); de ser así no deben ser separados de sus vínculos familiares y los que rebasan de la edad límite serán evacuados en las próximas horas.
Tezanos apuntó que es deber del Estado garantizar el desarrollo de la niñez y adolescencia, sin embargo, este aspecto es crítico dentro de los recintos carcelarios.
En los albergues el panorama es similar, debido a que no existen las condiciones físicas necesarias, ni cuentan con el personal adecuado para el cuidado de los niños.
“En el proceso de evacuación se deben encontrar familias sustitutas, se realizará un acompañamiento para verificar el bienestar de los menores y precautelar su seguridad”, manifestó.
Tezanos dio la posibilidad de que los niños puedan pasar las primeras horas en la Defensoría de la Niñez, afirmo que el proceso de evacuación podría darse en el transcurso de una semana y que en el procedimiento se debe descartar la ruptura del núcleo familiar.
En caso de no encontrar un hogar sustituto se debe pensar en que le menor sea acogido en un albergue de niños, esto en casos excepcionales debido a que los hogares de niños no tienen capacidad de recepción.
“Todo lo que es penitenciario es un tema postergado, olvidado, negado por el estado y hasta rechazado por la sociedad que lamentablemente ocasionan estas vulneraciones”, lamentó.
Tal es el extremo, que en el centro Penitenciario de Riberalta en un espacio de siete metros por doce se encuentran 12 mujeres con sus hijos, lugar donde deben trabajar, caminar, lavar, espacio que a decir del Defensor es un encierro que puede generar demencia, una condena a muerte.
“La realidad de las cárceles de Bolivia es una peor que otra”, dijo y apuntó que el hacinamiento puede desencadenar enfermedades, por lo que urge que las autoridades atiendan estas problemáticas.
Tezanos calificó como una “situación de total vulneración de los derechos humanos”, y dijo que cuando se habla del delito se piensa en una sociedad afectada que arrastra con ello a niños y niñas.
De igual manera, sugirió que el cuidado de menores de edad en cárceles, este a cargo de personal civil del Ministerio de Gobierno o del Ministerio de Justicia para que de esta manera, la Policía deje de tener el monopolio en los centros de reclusión.
El Defensor observó que en las cárceles del país no se cuentan con registros biométricos y scaners para que cuantificar el número de personas que entran y salen, además mantener un control estricto sobre el ingreso de artefactos, bebidas y otros.
Remarcó que las condiciones en albergues y centros penitenciarios son demasiadas precarias, tanto que ni siquiera se cuenta con un personal especializado.
“Hay cárceles que son totalmente miserables, podemos mencionar Riberalta, Montero, Guayaramerín, donde los espacios son reducidos muy reducidos”, manifestó.
La Defensoría del Pueblo trabaja un informe sobre la situación en albergues y sobre cárceles que contemplan una serie de recomendaciones hacia el Ministerio de Gobierno, Gobernaciones y Municipios para que se puedan consolidar acciones.
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