Seis abogados fueron despedidos de Cancillería

Desde que el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Rudy Flores, se hizo cargo de la Unidad de Gestión Jurídica de la Cancillería, hasta la fecha, seis abogados fueron despedidos de esta oficina pública por considerarlos “sospechosos” de haber filtrado documentación sobre una denuncia de presuntos cobros irregulares que involucra a la asesora jurídica del canciller Fernando Huanacuni, Fabiola Elena M.G.

Según denuncia del periódico digital Erbol, en esta repartición del Ministerio de Relaciones Exteriores existe inestabilidad laboral tras hacerse pública la denuncia contra la funcionaria, asesora del canciller, Fernando Huanacuni.

Con el argumento de reestructuración interna, la investigación contra la asesora por haber cobrado 30.000 bolivianos quedó virtualmente paralizada en la Unidad de Transparencia, a donde también llegaron las amenazas de despedido.

Hay un tenso clima en la Unidad de Gestión Jurídica, dependiente del exmagistrado del Tribunal Constitucional Ruddy Flores, quien, según el reporte de Erbol, ha tomado conocimiento de la denuncia, pero no se conoce una decisión sobre una eventual suspensión de la asesora denunciada, dijeron fuentes de la Cancillería.

Desde el arribo de Flores, la inestabilidad laboral generó hasta la fecha seis despidos en el área jurídica y tras la denuncia, esa intención encontró un argumento adecuado para ponerlos bajo sospecha a todos en procura de buscar culpables de la filtración del proceso.

La oficina de prensa anunció el pasado lunes que fijarían una posición, a través de comunicado, pero a la fecha dicha repartición no se pronunció. Solo se conocen decisiones administrativas sobre silenciosos despidos laborales.

En esa línea, EL DIARIO solicitó de forma insistente que se proporcione datos al respecto, pero no se obtuvo resultados. Ayer, en la ciudad de El Alto, varios periodistas le hicieron la consulta al canciller Huanacuni, sobre esas denuncias, sin embargo, la autoridad dijo que no se referiría al tema.

La asesora del despacho ministerial fue denunciada por haber contratado en julio de 2017 a una abogada para la Unidad de Gestión Jurídica, tras haber cobrado montos de dineros supuestamente para los “dirigentes”, logró despedir a la abogada a quien el 23 noviembre de 2017, le devolvió el dinero cobrado.

Esta denuncia es conocida por el jefe de bancada de MAS en la Cámara de Diputados, David Ramos, quien, el martes pidió desvincular a Fabiola Elena M.G, asesora del despacho de Huanacuni, mientras duren las investigaciones sobre supuestos cobros de dinero para “dirigentes” por la designación de una abogada para la Unidad de Gestión Jurídica de esta cartera de Estado.

La abogada habría sido contratada en el mes de julio de 2017, tiempo en el que –según el relato de la víctima– la asesora encargada de gestionar el memorándum, cobró 30.000 bolivianos en partidas de 10 y 20 mil bolivianos respectivamente para “cumplir a los dirigentes”.

“Para nosotros este tema tendrá que ventilarse en la instancia jurisdiccional y establecerse grados de responsabilidad y mientras dure la investigación tiene que ser desvinculada de la institución”, dijo el diputado Ramos.

Sostuvo que si hay pruebas claras sobre la comisión de delitos, la Unidad de Transparencia tiene que llevar el caso a la instancia que corresponda. De comprobarse, se exigirá las sanciones más duras por este delito que pudiera haberse cometido a título personal y no a nombre de la institución.

Por su lado, el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, informó que ha solicitado a la Unidad de Transparencia de la Cancillería, agilizar el procedimiento interno y emitir informe sobre la denuncia de cobros irregulares en esa entidad estatal.

Jiménez dijo que ha tomado conocimiento del proceso abierto por la Unidad de Transparencia de la Cancillería y, como en cualquier caso de esta naturaleza, pidieron que “se investigue una denuncia de esta magnitud”.

“Seguramente que se está procesando la investigación y se pondrá en consideración como denuncia al Ministerio Público”, declaró a Erbol al asegurar que si se determina la existencia de un hecho delictivo, el mismo Estado será parte querellante, aunque prefirió esperar el informe final.