• Informe Anual e Informe de Precursores 2017, en el que expresó su preocupación ante la “casi duplicación de la superficie total autorizada para el cultivo de coca”
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), encargada de vigilar la aplicación de tratados de fiscalización internacional de drogas de las Naciones Unidas, expresó su preocupación por la “casi duplicación de la superficie total autorizada para el cultivo de hoja de coca”.
La preocupación fue expresada por Thierry Rostan, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por su sigla en inglés), encargada de presentar el Informe Anual 2017 y el Informe de Precursores 2017 de la JIFE.
Rostan citó la preocupación expresada por la JIFE en su Informe respecto al aumento de la superficie total de cultivo de coca, en 2016, 14% más que en 2015 y el consiguiente aumento en la producción prevista de hoja de coca. La cantidad total de hoja de coca disponible para la venta en locales autorizados por el gobierno aumentó en un 4% en 2016, cerca de 22.000 toneladas, frente a 21.200 toneladas en 2015. La superficie total del cultivo excedente de coca erradicado anualmente en el país parece haber disminuido constantemente tras el máximo mensurado en 2012, según reconoce el Informe.
La extensión permitida para los cultivos de coca se amplió de 12.000 hectáreas en la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 1988 a 22.000 hectáreas en la Ley Nº 906/2017 Ley General de la Coca por lo cual la JIFE expresa su preocupación, ante la casi duplicación de la superficie total autorizada para este cultivo, para los fines previstos en la reserva formulada en 2013 por el Estado Plurinacional de Bolivia, en su readhesión a la Convención de 1961.
El presidente de la JIFE, Viroj Sumyai, presentó ambos documentos donde en su primera parte destaca que el Gobierno boliviano ha incrementado el grado de cooperación con la Junta, reconociendo además su determinación de adoptar un enfoque integrado para que las sustancias sujetas a fiscalización internacional queden también sometidas a fiscalización nacional.
“La JIFE dice que el Estado boliviano está decidido a seguir adoptando todas las medidas necesarias para controlar el cultivo de arbusto de coca, así como para evitar su uso indebido y la producción ilícita de los estupefacientes que pueden extraerse de la hoja”, manifestó Rostan.
PREOCUPACIÓN
A la JIFE le preocupa que los mencionados acontecimientos hayan afectado la capacidad del Gobierno para controlar la disponibilidad de hoja de coca para el consumo tradicional interno y aumentado el riesgo de que la hoja de coca se desvíe para la fabricación ilícita de cocaína.
“La JIFE recuerda que el Gobierno boliviano manifestó su determinación de seguir adoptando todas las medidas necesarias para controlar el cultivo de la hoja de coca mediante la aplicación de las disposiciones de la Convención de 1961, a fin de impedir el uso indebido de la coca y la producción ilícita de los estupefacientes que pueden extraerse de la hoja de coca”, declaró Rostan.
El representante de la Unodc en Bolivia señaló, entre otros aspectos, que la JIFE hizo notar el franco diálogo que siempre ha mantenido con el Gobierno boliviano y las solicitudes que ha dirigido al gobierno para que proporcione información sobre las medidas que ha adoptado o se propone adoptar para garantizar el pleno cumplimiento de lo dispuesto en los tratados de fiscalización internacional de drogas.
JIFE
La JIFE es un órgano independiente encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas de las Naciones Unidas.
El Informe 2017 de la JIFE examina la situación mundial del control de drogas, centrándose en el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social por trastornos relacionados con el consumo de drogas como componentes esenciales de la reducción de la demanda de estupefacientes, y hace recomendaciones para ayudar a los Estados a tomar medidas efectivas para abordar los desafíos relacionados con las drogas en pleno cumplimiento de las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
La Junta subraya que el acceso al tratamiento de la drogodependencia debe considerarse un elemento del derecho a la salud. Asimismo, la JIFE indica que se impone la necesidad urgente de eliminar las disparidades mundiales en el acceso a estupefacientes y sustancias sicotrópicas sometidos a fiscalización con fines médicos y científicos, como parte de la labor encaminada a garantizar el acceso a los servicios de salud.
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