En una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo en 70 centros de acogida públicos, privados y mixtos, permanentes y temporales de los gobiernos municipales y departamentales, se evidenció la ausencia normativa sobre la acreditación de los albergues.
Por lo que supone de la inexistencia de estándares sobre la contratación y aptitudes del personal, donde se evidenció que al cuidado de los menores se encuentra la participación de bachilleres, no existen pediatras, psiquiatras, y no existe la diferenciación en las condiciones en las que se atiende a los niños.
Asimismo se identificó la precariedad en las condiciones de infraestructura, se cuentan con espacios demasiado reducidos, incluso carencia de servicios básicos, no se cuenta con el apoyo de instituciones como el Sereci y Segip.
“Los casos de violencia, casos de agresiones físicas, psicológicas y hasta abusos sexuales denotan la falta de protección hacia este grupo vulnerable de la población”, manifestó.
La autoridad señaló que la situación en los albergues se debe al vacío legal en cuanto al protocolo de los procesos de adopción que hizo que se acumulen y se retrasen las adopciones y producto de ello se produjo el colapso de los centros de acogida.
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