Venezuela
Caracas.- Una comisión de diputados del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, acudió ayer a la sede del Ministerio del Servicio Penitenciario para solicitar información oficial sobre el paradero del parlamentario preso Gilber Caro, quien, aseguran, se encuentra desaparecido.
“Estamos exigiendo a la señora (ministra del Servicio Penitenciario) Iris Varela que dé respuesta al país de la integridad física y el lugar donde se encuentra el diputado Gilber Caro, secuestrado y en desaparición forzosa desde el viernes”, dijo la diputada Gaby Arellano a periodistas desde la sede el Ministerio Penitenciario.
“Desde el viernes a la fecha del día de hoy no hemos tenido información oficial más allá de las redes sociales y del periodista Eligio Rojas”, quien publicó una foto y un vídeo de Caro en Twitter, asegurando que el diputado fue trasladado al Centro Penitenciario “Fénix” del estado Lara (oeste), dijo Arellano.
En ese sentido, la diputada criticó al periodista por esta publicación, pues desconoce “si tiene ahora un cargo en el Ministerio Penitenciario o si es asistente personal de la ministra Iris Varela”.
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Arellano indicó que esa publicación no les permite verificar “el estado físico ni dónde se encuentra recluido” Caro.
Dijo que comisiones de diputados y los familiares del parlamentario se encuentran visitando las distintas cárceles del país para dar con el paradero de Caro.
En una nota de prensa del viernes pasado el partido del líder opositor privado de la libertad Leopoldo López, Voluntad Popular (VP), en el que milita Caro, indicó que el traslado del diputado fue “ordenado desde Caracas bajo el argumento de un presunto intento de fuga”, idea que rechazaron.
Caro fue detenido el 11 de enero de 2017 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y, según el Ejecutivo, fue “capturado en flagrancia” en el estado Carabobo (centro) cuando “portaba un arma y explosivos, material de guerra de uso exclusivo de la Fuerza Armada”.
La oposición venezolana y organizaciones defensoras de los derechos humanos lo consideran un “preso político” del gobierno de Nicolás Maduro. (EFE)
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