Comienza histórico juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada

Con un rostro visiblemente cansado y con una mirada que reflejaba el peso de sus años, así llegó ayer a la Corte Federal de Florida (Estados Unidos) el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada (1997 -2003), acompañado de su esposa y de un numeroso equipo de abogados a enfrentar por primera vez un juicio civil por la muerte de 8 personas que están entre las más de 60 víctimas de la violenta represión de “octubre negro” de 2013.

También llegó hasta dicho tribunal, Carlos Sánchez Berzaín, quien fue su ministro de Defensa. Ambos residen en Estados Unidos desde hace más de 14 años cuando huyeron de Bolivia.

El juicio civil ha sido definido como “histórico” por parte de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Harvard, una de las organizaciones que impulsó el caso en el que familiares de las víctimas le exigen una indemnización a los exfuncionarios por lo que consideran “matanzas extrajudiciales”.

“Es la primera vez que un exjefe de estado se enfrenta a un juicio en EEUU por violación a los derechos humanos”, afirmaron los profesores Susan Farbstein y Tyler Giannini de la clínica de derechos humanos de la universidad de Harvard, destaca el portal web de Univisión.

El juicio contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín es fruto de una demanda civil planteada en 2007 por familiares de ocho bolivianos que fueron víctimas del conflicto también conocido como la ‘Guerra del gas’ un conflicto generado por el rechazo a su plan de exportación de gas natural a Estados Unidos por territorio chileno.

El hecho fue reconocido por el ministro de Justicia, Héctor Arce, quien destacó que el juicio fue enteramente impulsado por un grupo de familiares de las víctimas y no por el Estado.

Los demandantes esperan obtener indemnizaciones si el juez considera cierto que el expresidente y el exministro planificaron lo que consideran “matanzas extrajudiciales”.

SE DEBE DEMOSTRAR INTENCIONALIDAD

Según el documento judicial de los casos 07-22459 y 08-21063 de la Corte del Distrito Sur de Florida, y al que obtuvo acceso Brújula Digital, una de los puntos centrales del juicio será demostrar si hubo “intencionalidad” de las muertes de los sucesos de octubre.

Al tratarse de un juicio civil, ambas exautoridades son consideradas “responsables” y no “culpables” y el castigo que pueden enfrentar es ser forzados a pagar sumas millonarias a las víctimas de la represión militar de ese año, cuando murieron unas 65 personas en El Alto y otras localidades del país.

El abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, explicó que el juicio sólo implica un resarcimiento económico y no la extradición de las exautoridades al país.Esta posibilidad fue rechazada en cuatro oportunidades por tribunales de EEUU.

Ambos renunciaron el 17 de octubre de 2003 y luego se trasladaron a EEUU, donde viven desde entonces y se han negado a volver a Bolivia a enfrentar las acusaciones en su contra.

Según el documento judicial de los casos 07-22459 y 08-21063 de la Corte del Distrito Sur de Florida, y que obtuvo Brújula Digital, una de los puntos centrales del juicio será demostrar si hubo “intencionalidad” de las muertes de los sucesos de octubre.

“Los Demandados (Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín) argumentan que no hay evidencia de que alguno de los familiares de los Demandantes (familiares de las víctimas) fuera asesinado intencionalmente por el Ejército boliviano”, dice el documento, que resume todo el proceso judicial hasta la fecha.

El texto agrega que “los Demandados sostienen que incluso si hubiera evidencia de que los miembros del Ejército boliviano atacaron intencionalmente para matar personas, no hay evidencia que respalde la responsabilidad indirecta de los Demandados por esas muertes”.

El documento de la Corte está en inglés y ha sido traducido de manera no oficial por Brújula Digital.

Según la defensa de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, hubo un “uso legal” de la fuerza represiva, destinada a reponer el orden en el país, que se había visto afectada por las protestas, algunas de ellas violentas, contra el Gobierno.

La parte acusadora cree que tiene los suficientes elementos para demostrar que sí hubo esa “intencionalidad”. Para ello, usan los testimonios de varios testigos que están a favor de las víctimas, como por ejemplo la del exalcalde Juan del Granado, quien dijo en las fases previas del proceso que Sánchez Berzaín amenazó con las muertes de los manifestantes.

“Cuando el Alcalde de La Paz llamó al acusado Berzaín para expresar su preocupación por la violencia y la necesidad de pacificar la ciudad, el acusado Berzaín le dijo: ‘Alcalde, si hay cinco muertos es lo mismo que hubieran 50 más, y resolvemos el problema’”.

Otro testimonio, en sentido del deseo “intencional” de matar, lo dio en la fase previa el exdefensor del Pueblo y actual rector de la UMSA, Waldo Albarracín. Albarracín testificó que en una reunión organizada para tratar de resolver pacíficamente el conflicto, él sugirió al expresidente remover a Sánchez Berzaín de su cargo y poner en su lugar a un político más proclive al diálogo.

En ese momento “el acusado Sánchez de Lozada respondió que la fuerza era necesaria para restablecer el orden, diciendo: ‘si quieren dialogar sobre el gas, entonces tendremos diálogo; pero si quieren guerra sobre el gas, entonces tendrán guerra, y dispararemos contra todas las personas violentas en El Alto’”.