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Comenzó en Estados Unidos juicio contra exgobernantes

Corte analizará si hubo “intencionalidad de matar”

• Expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, por primera vez se enfrentaron ayer a un juez desde los hechos de octubre de 2003 • De ganar los demandantes, ambas exautoridades serían consideradas “responsables” y no “culpables” y el castigo será pagar sumas millonarias a familiares de víctimas, pero la pena no alcanzaría para ser extraditados


ICÓNICA IMAGEN DE LA “GUERRA DEL GAS” (2003) CONTRASTA CON LA FOTOGRAFÍA DEL EXPRESIDENTE SÁNCHEZ DE LOZADA, QUE AYER ENFRENTÓ A UNA CORTE DE JUSTICIA.

Comenzó ayer en la Corte Federal de Fort Lauderdale, Florida (EEUU), la selección del jurado en el marco del juicio civil instaurado contra el expresidente del Estado boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín.

Ambas exautoridades serán juzgadas por hechos acaecidos en octubre de 2003, cuando al menos 50 personas murieron y sobrepasó la centena de heridos.

Según publicó la agencia de noticias ANF, el documento, resumen del proceso, establece que la clave de las audiencias será demostrar si en los sucesos de octubre hubo “intencionalidad de matar”.

La demanda alega que, meses antes de los hechos violentos, “los dos imputados idearon un plan para matar a miles de civiles, e intencionalmente usaron fuerza letal en contra de las protestas políticas para reprimir a la oposición política”, informó la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Harvard, por medio de un comunicado.

Mientras que la defensa de los imputados y algunos exministros, como el de Salud (de 2003) Javier Torres Goitia Caballero, insisten en que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada fue víctima de un “golpe” en una revuelta popular.

El jurado, una vez conformado, dirimirá sobre el resarcimiento económico en favor de nueve familiares de las víctimas de octubre que realizaron la denuncia, pero el fallo, que se dictaría en un plazo no menor a tres meses, no será vinculante respecto a una posible extradición de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín; pero sí serviría de precedente para un proceso más amplio.

 
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