Sánchez de Lozada culpa a Morales de muertes de 2003

(EFE).- Los abogados del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez, sometidos a juicio civil en EEUU por las muertes en las protestas de 2003 denominadas “guerra del gas”, culparon ayer de los hechos al mandatario Evo Morales y al líder aymara Felipe Quispe.

En el segundo día del juicio, la abogada Ana Reyes aseveró que “no hubo un plan (del Gobierno de Sánchez de Lozada) para matar gente” y que los responsables de estos “trágicos” hechos son Morales, líder por entonces del sindicato de cocaleros, y Quispe, dirigente aymara y exmiembro de un grupo indigenista armado.

El juicio con jurado abierto el lunes en un tribunal de Fort Lauderdale (a 50 kilómetros de Miami) obedece a una demanda planteada en EEUU contra ambos expolíticos por familiares de ocho personas muertas durante las protestas que llevaron a la renuncia de Sánchez de Lozada y su gobierno en octubre de 2003.

Etapa final de un proceso iniciado en 2007, el juicio se va a desarrollar a lo largo de “unas cuatro a cinco semanas”, según el cálculo del juez James I. Cohn, con el fin de determinar si los dos Sánchez son responsables de esas ocho muertes y, si lo son, cuánto deben pagar como indemnización a los demandantes.

Reyes aseguró que en octubre de 2003, durante las protestas conocidas como la “guerra del gas”, La Paz enfrentaba una “crisis total”, en un país “inestable”, con bloqueos de vías y puentes, la muerte de tres uniformados, emboscadas, escasez de suministros, comida y combustible y amenazas de saqueos.

A esto habría que sumar, según la versión de los abogados de los demandados, que como resultado de las violentas protestas murieron “transeúntes inocentes”, turistas fueron bloqueados en pueblos turísticos y hubo infraestructuras destruidas con dinamita.

Ante este panorama, dijo, “hacer nada no era una opción”.

“El Gobierno hizo lo que tenía que hacer”, en referencia a una intervención militar que se produjo en un ambiente en el que incluso el presidente Sánchez de Lozada estuvo en peligro, después de que su oficina fuera objeto de un tiroteo, lo mismo que la democracia, afirmó Reyes.

Posteriores investigaciones de tres fiscales bolivianos determinaron que la fuerza militar que se utilizó en varios de los disturbios fue “proporcional y de forma controlada”, agregó.

Reconoció que lo sucedido en Bolivia en 2003 fue “trágico”, y advirtió de que durante el juicio el jurado va a escuchar testimonios de varias víctimas, pero que los responsables de lo ocurrido no están en la corte, sino que son Morales y Quispe.

Joseph Sorkin, abogado de los demandantes, que piden indemnizaciones al considerar que sus familiares fueron tiroteados por efectivos del Ejército boliviano, dijo en sus alegatos iniciales que durante el juicio el jurado escuchará lo que “que realmente pasó en 2003”.

“Cada una va a decir parte de esa historia, esto no es una prueba, queremos que escuchen y entiendan lo que pasó”, afirmó el abogado, quien aseguró que durante el juicio mostrará que el expresidente y el exministro de Defensa fueron responsables de las muertes al autorizar la intervención militar para aplacar las protestas por todos los medios.

Los primeros llamados a testificar fueron dos indígenas, Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos, padres de Marlene Nancy Rojas, una niña de ocho años que falleció cuando una bala entró en la casa donde vivía en Warisata, en la comunidad de Cariza.

Rojas Mamani dijo que el 20 de septiembre de 2013, día de la muerte de su hija, los militares mantuvieron un tiroteo desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche en las cuatro comunidades de Warisata, entre ellas Cariza, pese a que los indígenas asentados allí no estaban protestando ni dispararon a los militares.

Sobre la versión de los demandantes de que ni Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín pidieron una investigación de los hechos, Reyes señaló que no lo hicieron porque dejaron sus cargos, pero que el expresidente sí pidió a la ONU que esclareciera los hechos.

Por segundo día, ambos demandados estuvieron presentes en la corte, aunque no están obligados a comparecer. (EFE)