Comunidad Andina de Naciones desgravará aranceles para soya

El sector exportador de soya, la oleaginosa de Santa Cruz, alertó a las autoridades la pérdida del mercado andino en razón a los acuerdos arribados por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con el Mercado Común del Sur (Mercosur).

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, y el titular de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Freddy Suárez, señalaron, en conferencia de prensa, que Bolivia no está en condiciones de competir con sus pares de la región, Brasil, Paraguay y Argentina.

"No contamos con biotecnologías de punta, lo que nos hace imposible competir con los países vecinos", dijo Pantoja.

Manifestó que Bolivia, hasta 2019, podrá mantener la protección arancelaria para el complejo soyero, al haberse reconocido que es un producto sensible para el país. Sin embargo, indicó que los plazos corren y lo único que resta hacer es enfrentar la situación, pero en las mismas condiciones que tienen las naciones vecinas en esta materia.

Suárez dijo que Paraguay produce 10 millones de toneladas, mientras que Bolivia llega a cerca de 3 millones.

Los directivos de ambas instituciones expusieron un escenario preocupante sobre el futuro del sector, ante la inminente desgravación arancelaria de la soya en el mercado andino, lo que dará lugar a que los países que actualmente compran la oleaginosa de Bolivia, opten por adquirir de las naciones vecinas.

PROPUESTA

El sector prepara una propuesta que será discutida con el Gobierno el próximo 19 de marzo, en torno a la necesidad de aprobar nuevos eventos en materia de biotecnología. "Se planteará concretamente la urgencia de contar con soya resistente a la sequía", dijo Pantoja, cuyas declaraciones fueron refrendadas por el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Reynaldo Díaz.

Un acuerdo logrado antes del pasado fin de año, entre el Ejecutivo y los empresarios cruceños, hizo posible la liberación de cuatro productos exportables. Entre ellos azúcar, soya, café y carne.

La propuesta del sector privado busca, además del nuevo trato para la soya, la utilización de biotecnologías (Organismos Genéticamente Modificados, OGM) para el maíz, caña de azúcar y algodón.

Suárez manifestó que "no solamente Bolivia tiene impedimentos para acceder a las nuevas tecnologías, sino que se necesita infraestructura vial, seguridad jurídica y puertos expeditos para conquistar nuevos mercados".

"Es una sumatoria de condiciones que hace dificultosas las nuevas inversiones del sector privado, a lo que se suman los graves problemas que enfrenta la producción exportable, con los permanentes paros en los puertos chilenos, cuya capacidad está colapsada. Así, es imposible competir", manifestó Suárez.

GOBERNACIÓN

Mientras tanto, el secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Luis Alberto Alpire, quien participó en la reunión de prensa, sostuvo que el sector agrícola del país aporta con más de dos millones de empleo, siendo un tercio de la Población Económicamente Activa (PEA).

Con datos al tercer trimestre de 2017, Alpire destacó que el sector generó 12.6 millones de toneladas de alimentos de los 17 millones que registró el país.

Incidió en que a los aspectos señalados por sus interlocutores, debe agregarse el cuantioso contrabando de alimentos que se interna al país, procedentes de Brasil y Argentina.

Indicó, asimismo, que otro factor que impide el desarrollo de la producción es el diferencial cambiario que determina que los productos de los países vecinos sean más baratos, lo que desincentiva la producción nacional.

Explicó que entre noviembre de 2011 y enero 2018, Argentina depreció su moneda respecto del dólar en 364 por ciento y Brasil 81 por ciento, mientras que Bolivia mantiene el tipo de cambio desde noviembre de 2011. Sostuvo que un quintal de arroz de contrabando cuesta actualmente en el mercado La Ramada, de la capital cruceña, Bs 275

INSEGURIDAD JURÍDICA

Por su parte, el presidente de la CAO explicó que al presente unas 30 propiedades confrontan problemas de seguridad jurídica, al haber sido objeto de incursiones por grupos delictivos que pretenden apoderarse de la propiedad privada.

"No tenemos una cuantificación de las áreas en manos de los tomatierras", dijo el directivo de la CAO, quien sugirió que algunas autoridades permiten este tipo de extremos que se han sucedido con mayor fuerza en los años anteriores.