Entre optimismo y realismo

En ciertas áreas oficiales, algunos sectores de la población e inclusive algunas corrientes de la oposición, existe la creencia de que en próximos días la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) hará conocer una sentencia por la cual Chile cedería una salida al mar para Bolivia. Se pensaba que ese suceso podía coincidir con la marcha de la bandera de 120 kilómetros.

Sin embargo, esa versión no es cierta, pues ese alto Tribunal únicamente se limitará, en esa oportunidad, a escuchar los alegatos de Bolivia y Chile, cuando se cerrará una etapa más del proceso judicial iniciado por el gobierno boliviano. A partir de ese momento solo se podrá esperar que la Corte prepare y dicte el fallo definitivo, veredicto que tardará en producirse varios meses.

Entre tanto, no se conocerá la sentencia final, debiendo recordarse al respecto que la actual gestión boliviana ante La Haya no tiene relación con el Tratado de 1904 y se limitó a demandar que Chile acepte la apertura de negociaciones entre los dos países y no pedir específicamente una salida al mar. En síntesis, la CIJ de La Haya no dictará algún fallo y, por tanto, no resolverá, ni mucho menos, el problema marítimo boliviano.

Ahora bien, anticipando lo que el Tribunal podría fallar dentro de varios meses, en caso de salir favorable, se plantea dos puntos. El primero, que el fallo que la Corte de La Haya emita después de los alegatos no será vinculante, es decir que la parte afectada no está obligada a darle cumplimiento y, segundo, en caso de salir el fallo favorable a Bolivia, el Tribunal no puede intervenir en las posibles negociaciones que podrían realizar Bolivia y Chile, ya que ese organismo internacional no está capacitado para intervenir en las conversaciones, por el simple hecho de que no tiene competencia para ello.

En efecto, a partir de ese momento, todo dependerá en el futuro de negociaciones bilaterales entre Bolivia y Chile, en caso de que se produzcan, considerando que ya Chile anticipó que no está obligado a dialogar con Bolivia, ya sea por territorios físicos o marítimos, lo cual pondría a Bolivia en otro escenario.

En caso de que el veredicto de la CIJ de La Haya, que podría producirse a fines de año, fuese negativo para Bolivia en cuanto a abrir negociaciones, Bolivia tendría la opción de recurrir a la Corte Internacional de Arbitraje, donde se puede plantear el reclamo marítimo y territorial, aunque la instancia significaría muchas dificultades, gastos y resolución a largo plazo. Sin embargo, aún existe una tercera opción con el fallo del Tribunal de La Haya: el de la conciliación, salida que tiene muy pocas posibilidades.

Concluidos los próximos alegatos, solo queda esperar la sentencia de la Corte de La Haya. Para entonces Bolivia confía en un fallo a su favor, ya que ciertas declaraciones chilenas permiten vislumbrar facilidades para una negociación dentro de un nuevo ambiente.

El procedimiento seguido en La Haya por el gobierno de Evo Morales para retornar al mar se encuentra, en todo caso, sometido a la prueba de fuego de la práctica. Si el resultado final respalda su iniciativa, será correcto; en caso contrario será un fracaso, con las consecuencias lógicas no solo para el gobierno sino para el país.

Entretanto, el optimismo creado en estas circunstancias con la visión de retornar al mar podría convertirse en un exceso de optimismo, en una decepción negativa, en general como para sus auspiciadores.