Todo el mundo habla de las criptomonedas

Alemania y Francia quieren una normativa clara, la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y el Banco de España hablan de un “alto riesgo de fraude”, el Banco Central Europeo las percibe como una amenaza, pero se inhibe en su competencia regulatoria, algunos analistas y bancos de inversión hablan de una inmensa burbuja de unas divisas cuyo valor de mercado supera los 400.000 millones de euros y cuyo precio real sería cercano a cero, el FMI (Fondo Monetario Internacional) si bien indica su eficiencia como mecanismo de pago, también pone encima de la mesa el temor a que se convierta en refugio para el fraude fiscal, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

En medio de esta vorágine de noticias sobre las monedas virtuales, Valdis Dombrovskis, Vicepresidente de la Comisión Europea, y a petición del eje franco-alemán, ha indicado la posibilidad de que Bruselas ponga en marcha una legislación propia para regular el uso de las criptomonedas, con dos objetivos principales: por una parte aprovechar las oportunidades tecnológicas del blockchain* (cadena de bloque) y, por otro lado, implantar una política de transparencia en todo el territorio europeo que alerte de forma clara de los posibles peligros de invertir en las monedas virtuales, dado que se trata de un mercado de con más de 1.500 monedas virtuales en el que se está operando 24 horas al día, siete días a la semana.

En definitiva, la Comisión Europea quiere potenciar los avances tecnológicos (blockchain) e incluso acepta las operaciones de financiación con monedas digitales, Initial Coin Offering, (ICO – por sus siglas en inglés), que reconoce como innovador para obtener financiación para las empresas, pero no oculta su preocupación de que las criptomonedas sirvan para actividades de evasión, blanqueo y financiación del terrorismo.

Personalmente, todo esto me recuerda mucho a la antesala vivida antes de la implantación de la normativa CRS (Estándar Común de Reporte o Common Reporting Standard, en términos ingleses) elaborada por la OCDE junto con países del G20 y la famosa normativa FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras o Foreign Account Tax Compliance Act) de los Estados Unidos.

Con el tiempo veremos cómo los Gobiernos de los países más poderosos imponen a las plataformas digitales que operan con estas monedas virtuales la obligación de que faciliten información sobre las mismas a las distintas Administraciones tributarias, tal y como ha sucedido con las entidades financieras.

(*) Es una base de datos distribuida y segura (gracias al cifrado) que se puede aplicar a todo tipo de transacciones que no tienen por qué ser necesariamente económicas. Es como un gigantesco libro de cuentas en los que los registros (los bloques) están enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones.

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