Fiscalía es responsable del 33% de audiencias suspendidas

La Fiscalía Departamental de La Paz es responsable del 33% de las audiencias suspendidas en el caso del bebé Alexander de un total de 156, de acuerdo con el seguimiento realizado por EL DIARIO. Entre las argucias legales que generan retardación de justicia se evidenció la impugnación inrterpuesta por la fiscal Susana Boyán contra dos jueces para tratar de anular todo el proceso.

Los datos de la misma investigación señalan que desde el inicio del juicio, el 17 de diciembre de 2015, los fiscales asignados al caso, Susana Boyán, Edwin Blanco (actual fiscal departamental) y Genaro Quenta, son responsables de las suspensiones de audiencias.

Entretanto, la defensa de los médicos envueltos en el caso asegura que no existe prueba que los involucre o evidencie que la causa de la muerte del menor fue a raíz de la supuesta violación.

Según los miembros del Tribunal Décimo de Sentencia, donde se tramita el juicio, en los dos años y dos meses que tiene el proceso, se ha convocado a cerca de 156 audiencias.

Según un cálculo realizado por el mismo Tribunal, de ese total de audiencias, 66 fueron suspendidas y todas tienen una razón legal.

En 2016 se desarrollaron audiencias los días lunes y martes, pero desde el 2017 las audiencias sólo pueden desarrollarse un día (lunes) debido a la carga procesal del Tribunal Décimo.

De ese total, además de la responsabilidad de los fiscales, otro 31% de audiencias fueron suspendidas debido a la renuncia de la secretaria titular o falta de designación de la misma por parte del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ).

Al respecto, la defensa del médico Jhiery Fernandez, uno de los acusados, se vio obligada a presentar una acción de libertad en contra de la entonces presidente del TDJ, Carmen del Río Quisbert, por no designar a dicha funcionaria para que el Tribunal continúe, no solo con el juicio del caso Alexander, sino con todos los procesos asignados a esa instancia.

La acción fue rechazada pero quedó registrada como otro antecedente del interés que el médico Fernández tiene para que el juicio prosiga de manera normal.

Otro 13% de las suspensiones se debió a la ausencia de los abogado de Defensa Pública que asisten a la coacusada, la enfermera Lola Rodríguez que estaba al cuidado del niño en el Hogar Niño Jesús (antes Virgen de Fátima), donde también trabajaba el doctor Fernández, hasta el 13 de noviembre de 2014 cuando el menor perdió la vida.

FALTAS DE FISCALES

Respecto al detalle de las audiencias suspendidas por inasistencia o responsabilidad de la Fiscalía, los registros verifican dos suspensiones por falta de sus testigos, otras tres, por la ausencia del perito y nueve veces, el juicio se paralizó por la inasistencia de los fiscales Boyán y Quenta.

No obstante, el inicio de la retardación de justicia inició con las seis fechas que el juicio se paralizó por la recusación planteada por la fiscal Boyán contra la juez presidente del Tribunal, Patricia Pacajes, y el juez técnico Roberto Mérida, donde argumentó “enemistad manifiesta” en su contra.

“Si se diera lugar a la solicitud de la Fiscal Boyán, todo lo que se ha llevado al trámite hasta este momento quedaría en (fojas) cero. Tendría que procederse a un nuevo inicio, porque serían otros jueces los que deban llevar adelante el juicio”, según el análisis jurídico de la juez técnico Gladys Guerrero, que ofreció a EL DIARIO en octubre de 2016, en esa fecha encargada de llevar adelante la audiencia de recusación.

La recusación planteada por la fiscal Boyán fue rechazada el 18 de octubre por carecer de fundamentos, aspecto corroborado por los jueces técnicos del Tribunal Primero de Sentencia, Sixto Fernández y Rolando Mayta.

Otra irregularidad cometida en esa recusación fue que la admisión de la misma fue forzada por Boyán, con amenazas a los funcionarios, hecho registrado en la copia del documento sellado el jueves 29 de agosto a horas 19.50, donde la funcionaria del juzgado que admitió la recusación de Boyán, anotó que la misma fue recibida en horario irregular por instrucciones de la entonces presidente del TDJ, Carmen del Río Quisbert.

En enero de este año, Suleyka Lanza, abogada de la médico residente Madeni, aseveró: “La señora Boyán es una persona que hace persecución por mandato. No es una fiscal que tiene pruebas ni conoce cómo se hace un requerimiento fiscal, está dedicada no solo a agredir a los funcionarios sino que busca retrotraer y llegar a una nulidad del proceso”.

Uno de los últimos incidentes atribuido, por los abogados de la defensa, al carácter agresivo de la fiscal Boyán contra funcionarios, es la orden de aprehensión que obligó a dictar al Tribunal Décimo contra la secretaria del Tribunal 5º de Sentencia, Ely Canaviri, expedida el 24 de julio de 2017 por no asistir a la audiencia, a pesar de que la funcionaria había presentado el justificativo señalando que estaba en otra audiencia en el mismo horario y no podía ejercer la suplencia en el Tribunal Décimo.

También se conoce que el Tribunal informó del comportamiento de Boyán al actual fiscal departamental, Edwin Blanco y su superior, fiscal general, Ramiro Guerrero.

A pesar de todos estos antecedentes, consultado el fiscal departamental Edwin Blanco, el viernes pasado, acerca de la responsabilidad del Ministerio Público en la suspensión de audiencias declaró a EL DIARIO que “no son atribuibles al Ministerio Público y la mayoría de las veces justificadas”, agregó que “es un derecho del Ministerio Público impugnar”.

TRES EMBARAZOS

Otro dato llamativo dentro de este caso tiene que ver con la suspensión de audiencias debido a la baja médica por gestación de la juez técnico Gladys Guerrero (que no son computables) y de la tercera acusada, la médico del Hospital del Niño, Sandra Madeni, así como de la primera secretaria titular del Tribunal.

CASO SIN PRUEBAS

Dentro del juicio denominado “caso bebé Alexander” figuran como acusados de los delitos de supuesta violación, incumplimiento de deberes y encubrimiento de la muerte del menor de ocho meses, Sandra Madeni, ex médico internista del Hospital del Niño, Jhiery Fernández´, y la enfermera Lola Rodríguez del Hogar Virgen de Fátima; todos cumplían turno en ambas instituciones la madrugada del 13 de noviembre de 2014, cuando fue reportada la muerte del menor.

La necropsia realizada al cuerpo del bebé descartó la supuesta violación o que la hemorragia haya sido producto de lesiones similares a las de una agresión sexual.

Las pruebas proporcionadas por la misma Fiscalía, a través del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), señalan que ninguna de las muestras comparativas de ADN (código genético) tomadas en vida de la región genital del menor, pertenecen al médico Fernández, descartando el contacto físico con el niño.

Además, durante el juicio, varios testigos declararon ante el Tribunal Décimo que el galeno se encontraba dando atención médica a otra paciente, en otro centro de salud a varias cuadras del lugar donde el niño descansaba. Al juicio fue citada la portera del lugar y señaló que el único ingreso al lugar donde dormía el menor, estaba cerrado hasta las 06.30 horas, cuando ella lo abrió.

El médico Fernández, detenido preventivamente desde el 15 de diciembre de 2014 en el penal de San Pedro, sostiene firme y con pruebas documentales, la versión de su inocencia y pide que se levante la reserva del caso para que la sociedad verifique las irregularidades cometidas por la Fiscalía en el juicio, donde se presentaron observadores ONU y Derechos Humanos.