Una nueva redacción del Código Penal

La abrogación del Código Penal costó muchos esfuerzos para que el gobierno entienda su error y acepte la anulación total de ese conjunto de leyes atentatorias contra los derechos humanos. Luego de la aprobación abrogatoria, han surgido ideas sobre el hecho de que la Comisión respectiva del Legislativo “tomaría en cuenta el 80% del código abrogado porque contenía buenos elementos”. La verdad es que si los legisladores que lo aprobaron leyeran, consciente y responsablemente, todo el texto y lo examinaran con alguna acuciosidad, encontrarían que no solamente su rechazo se debió al 20% sino a todo el texto.

Si fueron los componentes del Legislativo -senadores y diputados masistas que componen la mayoría congresal- los que aprobaron, no correspondería que sean los mismos quienes redacten un nuevo código. En todo caso, lo que corresponde es que se conforme una Comisión que no provenga de componentes del Poder Legislativo sino que, por ejemplo, esté integrada por: delegados del Colegio de Abogados, dos ex–presidentes de la Corte Suprema de Justicia, un representante por cada una de las facultades de Derecho de las Universidades del país, un representante de cada colegio departamental de abogados.

Esos profesionales jurisconsultos, cuyos antecedentes y hojas de vida contengan condiciones muy estrictas para estudiar y redactar un nuevo Código Penal, que conformen el equipo necesario y que esté integrado por personal debidamente calificado y designado por ese equipo. Estos profesionales trabajarían conjuntamente y con el goce de haberes que sea equivalente a los que perciben diputados. Por supuesto, tendrían a su disposición un presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo que, en todo caso, estaría debidamente controlado y supervisado por la Contraloría.

Ese equipo indicaría qué tiempo precisa para estudiar y redactar el nuevo Código que, luego, deba pasar al Poder Legislativo para que los componentes del oficialismo y de los partidos políticos que lo integran, lo estudien y aprueben con miras a que una vez llenadas todas las formalidades legales, sea aprobado en grande y en detalle para que el texto final pase al Ejecutivo para su debida promulgación.

Sería preciso que, antes de llegar a conocimiento del Poder Legislativo, todos los antecedentes y textos pasen a poder de una comisión revisora integrada por jurisconsultos designados por la Comisión Especial que haya hecho los estudios; luego de la revisión final se pasaría los textos al Congreso.

Que el Poder Legislativo conforme otra vez comisiones y estudie un nuevo Código no tendría visos de seriedad, debido a la experiencia sufrida con el texto abrogado; en otras palabras, el nuevo texto -por lo menos en un 80% como ya se anunció- adolecería de los mismos yerros que el anterior. Un principio de responsabilidad y prudencia determina que los estudios estén a cargo de una Comisión Especial ajena al Poder Legislativo y al mismo gobierno y partidos políticos.