Sobre la realización de los alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a partir del día lunes 19 del presente mes, el Vocero de la Causa Marítima del país y expresidente de la República, Lic. Carlos Mesa G., ha expresado: “Me sorprendería que Chile diera la espalda al fallo de La Haya”. Esta frase es una respuesta a lo expresado por el excanciller chileno Heraldo Muñoz: “Nadie obligará a Chile a negociar con Bolivia”.
La referencia a la sorpresa de que Chile diese las espaldas a alguna resolución de la CIJ la hizo el Vocero con la casi seguridad de que Chile por tratarse de un fallo de la Corte Internacional de Justicia, se avendría a acatarla y obrar en consecuencia, por lo que dijo: “…cuando más allá de este dictamen, ambos países deben establecer una línea de diálogo para llegar a un acuerdo sobre la demanda marítima”. Añadió el expresidente: “Yo siempre parto de una premisa: Chile hace cuestión de Estado de su inserción en el mundo desde el punto de vista de la democracia y de su respeto a las instituciones internas e internacionales. Si seguimos al pie de la letra ese razonamiento, me sorprendería mucho, cualquiera que sea la dureza de la posición chilena, que Chile le diera la espalda a un fallo de la Corte Internacional de Justicia, cualquiera que éste sea”.
El señor José Miguel Insulza, aunque nada concordante con el hecho de que los gobiernos de Chile sean respetuosos ante las instituciones internas e internacionales, dijo claramente: “Chile no va a ceder ni un centímetro de su soberanía, a Chile no lo va a obligar a negociar nadie”. Esta ha sido, permanentemente, la posición de los gobiernos de Chile que, impulsados y hasta obligados por las Fuerzas Armadas chilenas, han negado siempre cualquier tratativa con Bolivia para reparar el grave delito que cometieron el año 1879 al invadir territorio boliviano y llevar a cabo una guerra de conquista o latrocinio para arrebatarnos más de 120 kilómetros lineales de costa sobre el Pacífico y apoderarse de 400 mil kilómetros cuadrados de territorio y, como corolario de todo ello, violar permanentemente el Tratado de 1904, desviar las aguas del río Lauca y pretender que las aguas de manantiales del Silala sean “aguas internacionales”.
Sería injusto y atrabiliario que el gobierno de Chile nuevamente niegue toda posibilidad de dialogar con Bolivia sobre el problema marítimo, diálogo al que estaría obligado hasta por razones de conciencia. Ahora, la CIJ no decidirá reparación inmediata a todos los males inferidos a Bolivia; seguramente su decisión, si es que se produce, será para que Chile y Bolivia dialoguen, conversen, traten el grave problema y no haya posiciones recalcitrantes por parte de Chile para negar lo que él estaría obligado a hacer: dialogar y convenir lo que, en todo caso, no implique “obligarlo” a concesiones territoriales.
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