Falta de normativa impide pena por tráfico de animales

Si bien se incautaron diversas especies de animales silvestres en la pasada gestión, las personas que incurrieron en el delito, penado por la Ley 1333 del Medio Ambiente y Agua, no pueden ser sancionadas, debido a que la norma no tiene disposiciones reglamentarias.

La citada ley dispone la privación de libertad para quienes resulten responsables del delito de tráfico de especies. Un panorama adverso para proteger la biodiversidad y animales silvestres fue descrito por el director de Recursos Naturales y Cuenca de la Madre Tierra de la Gobernación de La Paz, Octavio Alejo Lobo, quien dijo que se debe trabajar con urgencia en el reglamento para que la ley se aplique.

Esta norma tipifica este ilícito como delito y sanciona hasta dos a cinco años de privación de libertad, pero la ausencia de un reglamento evita que se dispongan y ejecuten sanciones.

Es por ello, que las personas que incurran en esa actividad ilegal no sean pasibles a sanciones. Insistió que se requiere trabajar en una norma para que los responsables sean penalizados y que quienes se sientan tentados a incurrir en el tráfico de animales silvestres, se sometan a lo dispuesto por la ley.

DECOMISO

Informó que en 2017 la Secretaria a su cargo, decomisó 129 especies, entre mamíferos, aves y reptiles (tortugas, petas del río), en coordinación con la Policía Forestal de Medio Ambiente. Indicó que los animales fueron remitidos a diferentes centros de custodia en Santa Cruz, Oruro, San Buena Aventura y Senda Verde en las proximidades de Coroico en los Yungas de La Paz.

Entre los animales decomisados están, quirquinchos, monos, loros, los cuales fueron enviados a los referidos centros, cuyo trabajo fue posible en cumplimiento de la ley sectorial que autoriza –además- a las gobernaciones asumir dichas responsabilidades.

Explicó que el trabajo de adaptación al nuevo hábitat es complicado, debido al tiempo que estuvieron los especímenes en cautiverio.

Por otra parte, informó que tienen planificado contar con un centro de custodia, y para ello se destinará un presupuesto de 120.000 bolivianos en el estudio a diseño final. El costo de la infraestructura bordearía Bs 5 millones.