En días más, la delegación boliviana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tendrá a su cargo los alegatos orales por la causa marítima. Por decisión del gobierno, una nutrida delegación asistirá, como simple oyente, a las exposiciones que se hagan; un grupo integrado por expresidentes, excancilleres de la República; además, por invitados que conocerán dependencias del Tribunal Internacional y, de paso, harán algo de turismo porque, en el sentir de la colectividad nacional, no hay razón alguna para asistencia de personas que nada tendrían que ver en ese Tribunal Internacional; por el contrario, Chile enviará una delegación de nueve parlamentarios -seguramente entendidos en los problemas con Bolivia y para “acompañar a la defensa chilena”- que, en su momento, desarrollará los alegatos orales que corresponda a su nación.
Lamentablemente, en el país ha circulado la versión de que el Tribunal de Justicia de La Haya “resolverá nuestro reclamo y lograremos el retorno al mar”; falsa creencia que, sea por razones políticas (o electoralistas) es totalmente alejada de la verdad porque el Tribunal no definirá nada al respecto puesto que no se ha planteado nada sobre el Tratado de 1904 y menos que “se nos devuelva las costas perdidas conjuntamente el territorio por efecto de la guerra de 1879”.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya, mucho tiempo después de los alegatos orales de ambos países, emitirá su fallo o resolución por la que sugerirá, convocará, recomendará entablar conversaciones y reuniones para considerar el caso; en ningún caso dispondrá u ordenará o fallará a favor de Bolivia para que Chile solucione inmediatamente el más que centenario problema. Lo que hará será sugerir que el caso no quede en un “status quo” permanente y no encuentre soluciones que podrían ser favorables a ambos países.
La Cancillería chilena expresó: “La CIJ no nos puede obligar” y tiene razón porque no es eso lo que pretende Bolivia y es así como lo ha expresado en múltiples oportunidades el Vocero de la Causa Marítima y ex–Presidente de la República, Lic. Carlos Mesa, que, en todas sus intervenciones, ha representado dignamente al país en relación a la causa que, con el sentir de Patria, es el mar.
La delegación a La Haya debió estar presidida por el Vocero de la causa y ser integrada por pocas, poquísimas personas que sean muy capaces y entendidas en Derecho Internacional y, a su retorno, puedan explicar claramente al pueblo lo que ellos piensan y sienten después de haber asistido a los alegatos orales en los que tampoco intervendrán.
El gobierno y su partido, cuando se trata de la causa marítima, debe hacer suyos los sentimientos de todo el pueblo que espera, en todo caso, que haya coherencia en lo que se hace y dice porque es cuestión de Estado, no de gobierno o de partido político; es una cuestión que hace que Patria y mar sean realidad de unidad nacional al margen de ideologías político-partidistas o de intereses creados. La causa marítima es de todos los bolivianos sin discriminación alguna y es por ello que es preciso actuar con la verdad y decir lo que es: la CIJ de La Haya nunca ha formulado esperanzas falsas para los bolivianos y hará lo que debe conforme a Derecho Internacional: sugerir y convocar al diálogo sincero, amplio y constructivo. En concreto, no hará otro anuncio que ese: convocar a las partes en aras de conversar sobre la causa boliviana y, si Chile acepta dialogar será seguramente en términos de cordialidad y respeto inclusive con miras a conseguir beneficios que sean favorables a todos.
Es importante entender que Bolivia es una democracia y su gobierno y pueblo viven bajo sus parámetros; pero, cuando los objetivos de la unidad se desvirtúan, se traiciona los derechos y sentimientos del pueblo porque vivir en democracia es hacerlo en libertad y en condiciones de ejercitar valores que nada ni nadie puede destruir o menoscabar. Es, pues, dentro de los cánones de una vida democrática y libre que los bolivianos consideramos innecesarias y fuera de lugar propagandas o expresiones que no condicen con el principio de Patria y mar; no son necesarias y hasta resultan ajenas al sentir nacional ostentaciones con “banderazos” que no conseguirán conmover la conciencia de quienes no están comprometidos con nuestra causa marítima y, en lo inmediato, tampoco influirán en los ánimos de quienes en el Tribunal decidirán lo que mejor convenga.
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