Nunca se había llegado a un nivel tal de deterioro de los servicios judiciales como el alcanzado en estos años. La palabra “fracaso” es una constante en esto de administrar justicia. No sólo el servilismo con el gobierno de muchos de los operadores de justicia, que si bien siempre fue existente en el país, ha llegado a niveles que rozan la excentricidad, tanto en la conducta de los jueces, como de los felones de medio pelo, que actúan como emisarios gubernamentales, sino que además la ignorancia en temas de derecho campea y sólo prima el soborno, el clientelismo y la influencia política o económica. El valor justicia, la verdad material, el sentido común, son conceptos que se utiliza para los discursos, pero son totalmente ajenos a la práctica judicial.
Se ha reemplazado en una infinidad de casos a funcionarios de carrera, por personas sin formación técnica, provenientes de una escuela de jueces a la que se entra por filiación política, donde se une la ignorancia a la soberbia. A fin de evitar desmentidos, caras largas y aclaraciones, diremos que no son todos. Esa es una manera de salvar responsabilidades, y usted no se olvide de tomar nota.
LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Un trámite de gran simpleza, que no requiere de mayor sapiencia, es el pedir a un juez civil que llame a una persona, o a sus herederos a reconocer una firma estampada en un documento.
Esta petición de cuatro líneas a lo sumo, ahora en varios distritos judiciales del país, debe seguir un engorroso sistema de justificaciones, de lo que menos se puede decir es que es absurdo. Se busca con eso darse ínfulas, cobrar por la admisión de las demandas, y en general molestar a los litigantes y abogados, convirtiendo lo simple en engorroso, haciendo realidad el placer del funcionario público con mentalidad de “no se puede, vuelva mañana, o pague”.
Como el gobierno ha logrado la desaparición de los Colegios de Abogados en su antigua fuerza, nadie dice esta boca es mía, y los que tenemos que padecer el calvario diario de los jueces incapaces, no nos queda más que recurrir a un sistema disciplinario formalista, pensado -sobre todo en la ciudad de La Paz- para proteger las prácticas ilegales de los administradores de justicia.
Exigencias por parte de los jueces disciplinarios de justificación formal de lo denunciado, en vez de investigar la denuncia, que permiten, al no ser cumplidas, el archivo de las denuncias en contra de los funcionarios judiciales, son el camino diario que transitan los jueces disciplinarios de La Paz, lo que unido al manejo discrecional de los libros de control, los que son ocultados del conocimiento de las personas por los jueces públicos civiles, son el método perfecto que permite a estos malos jueces seguir en funciones y quedar impunes.
UNA RECETA PRÁCTICA
En materia penal la cosa va de mal en peor. Después del fracaso de los jueces ciudadanos, los que debían aplicar el sentido común y que jamás funcionaron, pues el ser parte de un proceso penal traía como consecuencia pérdida de tiempo, enemistades, amenazas del gobierno si se fallaba en contra de sus órdenes, siendo este último elemento el que gravitó para que se los eliminara, pues se negaban a obedecer instrucciones. Los jueces técnicos en su mayoría son dóciles y escuchan las ordenes de los políticos, pues si no pierden el empleo. En caso contrario, son procesados, vilipendiados y objetos del desprecio de la élite política, los nuevos ricos del régimen y toda la estructura del poder. No se pierda de vista que en la actualidad las instancias de revisión de las actuaciones de los jueces, el tribunal supremo y el tribunal constitucional, sólo son cámaras de eco para lo que se ordena desde el ejecutivo.
La receta práctica de que habla el subtítulo es que todo juez que tenga un poco de viveza, jamás fallara en contra de una petición gubernamental. “Si lo hago, me procesan” alegan, y tienen razón.
CÓMO DEMORAR UN PROCESO PENAL
Si usted desea demorar un proceso penal, puede aplicar el siguiente recetario: Una vez que se ha fijado la audiencia de inicio del juicio oral, casi siempre después de años de supuesta investigación, donde muchos fiscales y policías sacan y sacan plata, usted como acusado, debe presentarse en la audiencia sin su abogado. Eso obligará a que se suspenda la audiencia. En la próxima y previo pago, debe conseguir que el Secretario se enferme y no aparezca. Él justificará su ausencia y nuevamente habrá ganado una suspensión. En la siguiente, nuevamente se presenta sin abogado. Esta vez suspenderán el acto y fijarán nueva audiencia y le señalarán un defensor de oficio. La próxima vez usted aparece con abogado particular nuevo, el que pedirá los días que la ley le permite para enterarse del caso, suspendiendo la audiencia. Si usted suma las demoras y retardos conseguidos al tiempo de la investigación más este recetario, es casi seguro que tendrá más de tres años de proceso sin sentencia y podrá alegar la extinción de todo el proceso por la extensión del proceso. La receta funciona, permite ganar meses de tiempo y de aburrir a su acusador particular. Nadie lo castigará por su actitud e incluso puede lograr hastiar al adversario y dejar que éste se abstenga de insistir en ese imposible boliviano, cual es conseguir que a uno le hagan justicia. Si su rival es el gobierno, haga sus maletas y abandone el país hasta nuevo aviso.
El autor es abogado litigante.
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