Según José Luis Hidalgo
• Se corre el riesgo de nuevos problemas entre reos, porque los recién llegados a La Paz tendrán que someterse a los mandos, de presos, existentes dentro de penales paceños.
La pasada semana alrededor de 12 privados de libertad fueron trasladados a La Paz, desde el centro penitenciario de Palmasola en Santa Cruz de la Sierra, luego de que la Policía Boliviana realizó un operativo donde detectó, no solo la existencia de estructuras organizadas, para la comisión de diferentes delitos desde el interior de los penales, los cuales de acuerdo con el exrepresentante Especial del Defensor del Pueblo de El Alto, José Luis Hidalgo, se mantienen en todos los centros penitenciarios del país.
POSIBLE COMPLICACIÓN
Hidalgo establece que la llegada de privados de libertad, involucrados en un amotinamiento en el centro de reclusión de Santa Cruz, no garantiza la desestructuración de este tipo de grupos de poder, sino genera la posibilidad de conformarse nuevas organizaciones las cuales pueden ingresar en confrontación con los ya existentes en los penales de Chonchocoro, San Pedro, entre otros.
“Este tipo de prácticas se aplica en todos los penales, desde el consumo de bebidas alcohólicas la tenencia o elaboración de droga, portación de armas de fuego, celulares, no nos olvidemos que en Chonchocoro se han encontrado hasta granadas de guerra, incluso cuando se han confrontado entre grupos, han hecho uso del arma de fuego, vaciando todo el cargador en contra de la humanidad de un interno que fue ingresado a ese penal, cuando llegó de Palmasola. Por lo tanto, es una práctica que se reproduce en todos los penales del país”, detalló.
PROBLEMA SIN SOLUCIÓN
La exautoridad que permanentemente visitaba y evaluaba la situación de los centros penitenciarios en el departamento de La Paz, da cuenta que la llegada de internos de Palmasola, solo agrava la situación al interior de Chonchocoro, porque se encuentra con otras estructuras organizadas propias del sector. “Por lo tanto este traslado de internos, al igual que el cambio de los funcionarios policiales que resguardaban Palmasola, tampoco es una solución estructural, sino solo coyuntural, porque nuevamente la gente que será destinada a estos centros penitenciarios, solo por destino y no por especialidad, nuevamente permitirán y serán cómplices de la internación de droga, bebidas alcohólicas, armas, celulares, entre otros elementos que les permita delinquir a estas estructuras de poder”, aseveró.
RÉGIMEN PENITENCIARIO
Hidalgo recordó que en pasadas gestiones se buscó analizar un nuevo proyecto de ley de Régimen Penitenciario, que planteaba que los funcionarios policiales, solo deben realizar un resguardo desde afuera, en los anillos externos y que el control y del resguardo de internos se haga cargo una institución especializada de este tipo de entidades, que garantice no solo seguridad, control, sino los procesos de rehabilitación de los internos.
“De lo contrario ese simple cambio de destino que se hace al interior de la Policía Boliviana solo permite que nuevos funcionarios vuelvan a aplicar los mismos procedimientos que les facilite poder tener algún redito económico. Sin lograr ningún cambio esencial al interior de las cárceles”, explicó.
FALTA DE CONOCIMIENTO
Solo en un inicio se aplicó un nuevo sistema de control en el centro de rehabilitación de Calahuma, pero las confrontaciones entre funcionarios civiles de régimen penitenciario y la Policía, afectó el normal desenvolvimiento del programa, para luego volver nuevamente a la presencia de funcionarios de la instancia del orden al interior de este centro, afectando la rehabilitación de los jóvenes privados de libertad, “porque al desconocer la norma y no tener formación para este oficio, solo se dedica a resguardar y a reprimir”, recordó Hidalgo.
Para la exautoridad la norma por sí sola no es la solución de un problema tan delicado como es la situación de las cárceles en todo el país, más aún cuando se han instaurado al interior de los centros penitenciarios, formas de convivencia propios, que en algún momento, incluso han creado estructuras propias de poder o el surgimiento de “clanes familiares”, factores que son aprovechados mientras el 90% de los privados de libertad continúen solo con detención preventiva y sin sentencia.
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