Pavoroso estado del sistema cancelario

El argot popular ha acuñado un sabio dicho: “Hay quienes se acuerdan de Santa Bárbara solo cuando hay truenos”, máxima que cae como anillo al dedo, en relación con lo ocurrido en días recientes con el sistema de cárceles del país, que mostró en toda su desnudez las gravísimas deficiencias que padece en todo sentido. Efectivamente, salieron a luz problemas latentes desde hace años, pero que, pese a su ostensible presencia, fueron dejados en el olvido por la ineficiencia estatal, que solo dio preferencia a asuntos de mínima cuantía, aunque atendiéndolos con caudalosos recursos financieros y políticos que nada tenían que ver con la obligación de atender asuntos de máxima cuantía de la salud pública.

Fue necesario que se ponga a la vista dos grandes problemas: el de cientos de niños y niñas que viven con sus padres en los recintos penales y, segundo, ante la protesta de los reos, las fuerzas policiales de represión sofoquen con sangre un intento de motín en Palmasola, con el resultado de numerosos muertos y heridos y que ¡por fin! se produzca la reacción del gobierno en sentido de que se va a enfrentar el problema carcelario con diversas medidas.

Durante los doce años anteriores, el Estado, a cargo del gobierno del MAS, recibió tal cantidad de dinero gracias al alza de los precios de las materias primas de exportación, que en total equivaldría a todo lo que recibieron las arcas fiscales del país durante toda su vida, chorro de dinero que sirvió para derroches, tinglados ineficientes, obras estatales inoperantes, canchas de fútbol y otros divertimentos ineficientes, pero no para atender, siquiera en mínima forma, asuntos de urgencia máxima, como la atención de las cárceles y dar eficiencia al sistema judicial.

El drama carcelario -criticado repetidas veces por la prensa- es tan grave que aloja en sus “cuadras” a más de 18.000 presos, con el agravante de que dos tercios de ellos sufren prisión sin sentencia alguna, al lado de otros avezados delincuentes que pasan de 6.000 que la tienen. Se debe agregar que las 64 obsoletas cárceles aumentaron su población en los últimos doce años, es decir que pasó en más del 300 por ciento, provocando un hacinamiento deliberado, siendo caldo de cultivo propicio para motines, violación de menores e inclusive que se conviertan en centros de negocios más productivos que los que funcionan extramuros. Es más, ese mundo de negocios cuenta con la complicidad de policías.

Un agravante más para ese dantesco panorama consiste en que los penales están gobernados por gobierno de los propios reos que disponen de celdas, cobran dineros, alquilan celdas en miles de dólares, fijan precios para los alimentos, están relacionados con jueces, narcotraficantes, cárteles, pandillas y hasta tienen en práctica sus propias leyes internas, por decir lo menos.

Con ese panorama, mostrado en sus aspectos salientes, salta a la vista que el aparato estatal carga sobre sus espaldas la responsabilidad de haber creado y sostener poco menos que en forma deliberada, ese orden de cosas verdaderamente vergonzante, más aún cuando se habla de progreso, paz y trabajo, sistema que, además, trata de ser prolongado en su existencia en medio de la ineficiencia y la indiferencia ante la realidad.

Finalmente, la anunciada solución de construir nuevos cárceles no tiene sentido mientras no se resuelvan las causas que originan los problemas ni sean reformadas la justicia en sí misma y la administración de la justicia, actuando, así, de manera distinta a la irresponsabilidad observada en el presente.