Einar Ayala Winkelmann
En varias ciudades del país se identifica a las ferias populares como espacios de actividad comercial, donde antes solo se ofrecía verduras, frutas, ropa y algunos inmuebles, pero con el tiempo éstas se han extendido por varios sitios urbanos, asentándose por uno o dos días a la semana, donde se ofrece numerosos productos, incluso vehículos de segunda mano.
Como el texto bíblico Juan 8:7 señala: “Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra”, podríamos decir que si alguien no compró en esas ferias, que lance la primera piedra. Y es que muchos ciudadanos hemos adquirido alguna vez algún producto o vehículo de ocasión. Pero esa situación se ha convertido en propicia para ofrecer las mejores condiciones a las organizaciones criminales o asociaciones delictivas, para que pongan a la venta vehículos robados.
Un informe quinquenal de la actividad criminal en el país, publicado en EL DIARIO, da cuenta que el robo de vehículos en todo el país es identificado “como el cuarto delito en el índice de criminalidad, atendiéndose en cinco años, 20.188 casos denunciados, con el siguiente desglose: el 2013 con 5.128 casos, el 2014 con 4.374 casos, el 2015 con 3.806 casos atendidos, el 2016 con 3.726 y finalmente el 2017 con 3.154 denuncias por la comisión de este delito. Se hace, reiteramos, un total de 20.188 denuncias recabadas.
Mientras que el robo de autopartes y accesorios se registra desde el 2013 con 911 casos, el 2014 con 785 hechos, el 2015 con 721 casos, el 2016 con 772 casos y la pasada gestión con 719 denuncias, haciendo un total de 3.908 denuncias”.
Muchos de estos motorizados sustraídos o autopartes robados por los “auteros”, como se conoce a las asociaciones delictuosas, son obtenidos en algunos casos con muerte de personas, agravando más la comisión de un delito.
Pero se busca acomodar los resultados de estos ilícitos, los objetos robados, en estas ferias distritales o ferias urbanas, como la 16 de Julio en El Alto, Alto Lima, Plaza La Paz y otras, donde se debe aplicar diferentes operativos de control no solo por parte de la policía, sino por el propio municipio, que implemente políticas de registro de quienes se instalan en estos espacios y evitar la estafa a más víctimas. Estas personas cuando adquieren motorizados y no saben que éstos deben ser revisados por la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) antes de comprarlos, al poco tiempo contemplan cómo logran ser capturados por las instancias de control, al tener registros de vehículos con denuncia de robos, remarcados o con documentación fraguada, perdiendo de esta manera no solo el dinero, sino la posibilidad de contar con un instrumento de trabajo.
Por este extremo es que no es suficiente un operativo de control, sino diferentes sistemas de intervención, fuera del registro de vendedores de repuestos y motorizados.
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