Antecedentes objetivos para el juicio a Gonzalo Sánchez

Para dar alguna efectividad al juicio que, por iniciativa de varias personas, se sustancia contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín en California, Estados Unidos, es necesario, en forma prioritaria, saber de manera generalizada, qué ocurrió el 17 de octubre de 2003, con motivo del derrocamiento del poder de esos dos gobernantes.

En primer lugar, se debe recordar que desde años atrás se fue creando en el país un ambiente de creciente oposición social a diversos gobiernos, en protesta por las medidas antinacionales y antidemocráticas cada vez más profundas y que negaban y anulaban los avances nacionales y democráticos que hasta entonces se había conquistado desde mediados del siglo pasado.

Ese movimiento opositor llegó a su mayor nivel durante los gobiernos de Jaime Paz Zamora (1990-1994) con la política de “privatización” y los dos siguientes Sánchez de Lozada con la política de “capitalización”, prolongación de las anteriores y culminaron con el segundo gobierno de Hugo Banzer.

La aplicación de esas medidas contrarias a la realidad del país creó una situación política revolucionaria incontrolable, destinada a evitar y rectificar la desviación de la dirección histórica a que estaba siendo sometido el país. En esa forma, el segundo gobierno de Sánchez de Lozada heredó y agravó ese proceso, que se convirtió en la chispa que incendió al país. Entre tanto, la oposición se hizo general y empezó con los disturbios de carácter masivo de febrero de 2003, situación sin salida posible, excepto la conmoción social sin ideología, sin partido político conductor, sin programa alguno y con acentuados ribetes populistas que emergieron en el medio rural y la gran masa de pequeños capitalistas, gremiales, artesanos, campesinos, etc.

¿Qué sucedió entonces? La crisis política derivó en un estado insurreccional urbano y rural que arrinconó al gobierno de Goni, obligándole a defenderse de acuerdo con sus atribuciones constitucionales.

En la ciudad de El Alto, igual que en Sorata y otros lugares, la población salió a las calles cometiendo actos de violencia y hasta vandalismo que obligaron al Ejército a evitar desbordes, en especial la agitación creada por Felipe Quispe Huanca (Mallku), quien emitió la consignas del caso no por pututu sino por teléfonos celulares, como está enunciado en el libro La Caída de Goni, Diario de la “Huelga de hambre” (Ediciones Pachakuti. 2013. La Paz. 122 págs.) Ese libro revela con absoluta claridad el contexto de lo que estaba ocurriendo y las amenazas posibles de no adoptarse las medidas de previsión de parte del Estado. Es muy recomendable, en ese sentido, la lectura del libro de Quispe.

Entre tanto, en la ciudad de La Paz los movimientos populares marchaban en las calles sin armas ni conducción política alguna, amenazando dirigirse a la Casa presidencial de San Jorge, donde Goni vivía los últimos días de su gobierno. Se puede afirmar, sin embargo, que esas marchas no tenían la mínima intención de atacar esa residencia y, a lo más, buscaban derrocar al gobierno sin pensar cual lo iba a reemplazar. En esa forma, el gobierno de Goni cayó en la ciudad de La Paz sin derramamiento de sangre y únicamente con estallido de ruidosos petardos y fuegos artificiales.

Lo ocurrido en El Alto fue, al contrario, un levantamiento popular localizado en barrios céntricos administrativos y semiindustriales, contenido por fuerzas militares que buscaban restaurar el orden. No fue, pues, una masacre a una multitud que marchaba pacíficamente, como se puede definir un genocidio, sino un choque de fuerzas producto de un estado de guerra.

El amago insurreccional tenía como contenido al cambio total de gobierno y su reemplazo por un gobierno provisional destinado a convocar a una Asamblea Constituyente, que dicte una nueva Constitución y establezca un nuevo orden de cosas. Sin embargo, ese proceso se esterilizó, pues nada pasó, ya que el Parlamento siguió funcionando y elevó a Carlos Mesa de Vicepresidente a Presidente y todos los mecanismos del Estado siguieron funcionando, como si nada hubiese pasado. ¡Un aborto monstruoso!

Dicha Constituyente tenía como objetivo hacer un Juicio de Responsabilidades a Goni y compañía, para juzgar su política de gobierno, pero no para conducirlo al paredón, sino para corregir y evitar la repetición de medidas antinacionales y antidemocráticas y rectificar el equivocado curso histórico que se había dado al país. Pero la historia avanza por el lado malo.