Surrealismo sin fin

Después de casi tres semanas de haber conseguido la prisión domiciliaria, Svonko Matkovic Ribera logró, dos graves tumultos mediante, dejar el Penal de Palmasola y transcurrir al lado de sus padres los rigores de la privación de libertad que se le impuso hace ocho años. Las dos conmociones fueron como el saludo final de una de las cárceles más temidas del mundo al dirigente del Comité pro Santa Cruz. Llegó allí bajo la acusación del ahora prófugo y refugiado en Brasil, Marcelo Soza Álvarez, el magistrado que redactó la acusación que incriminó a decenas de cruceños acusados de conspirar para la secesión de Bolivia. La acusación no ha sido probada hasta ahora, y el juicio oral, que tiene a Santa Cruz como escenario, se desarrolla a paso de cangrejo desde hace cinco años. Uno más y llegará a la primera década el acontecimiento brutal que le dio origen, el 16 de abril de 2009.

Matkovic era uno de los tres acusados en el plan secesionista diseñado por Soza, que incluía alzamientos violentos y asesinato del presidente Evo Morales. Esta última acusación fue quitada del pliego acusatorio, pues, por la imposibilidad de aportar pruebas fehacientes, habría vuelto insostenible toda la tesis. Los otros dos detenidos -Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza Masavi- aspiran a conseguir también prisión domiciliaria, perspectiva que, de cumplirse, haría del juicio uno de los más raros del mundo. Todos los reos tendrían prisión domiciliaria.

En otras latitudes, la confesión del fiscal acusador, que escapó a Brasil y se declaró perseguido político asegurando que las autoridades bolivianas lo forzaron a incriminar a inocentes, habría sido suficiente para sepultar al juicio. Los sucesores del fiscal agarraron la trama que había escrito Soza y la defendieron a capa y espada. Cantaron victoria sobre la confesión del ex fiscal cuando la representación diplomática boliviana en Brasilia rehusó autenticar la carta que contenía esa confesión. El documento, en su momento el más divulgado en Bolivia, no existe legalmente. Desde entonces han pasado cuatro años y nada hace prever que el Tribunal de Sentencia corregirá el rumbo del caso.

Creí que sería difícil agregar capítulos surrealistas a la obra que presenté el año pasado (“Labrado en la memoria – anotaciones de un reportero”) sobre el caso. Sin embargo, la semana que pasó puso en evidencia que el caso continua fértil para la generación situaciones inverosímiles. Hubo al menos dos nuevos episodios.

Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista que en la trama organizada por el ex fiscal era el pivote que proporcionaría armamento para la supuesta campaña terrorista y secesionista, fue enviado al hospital a principios de mes para recibir tratamiento por una subida brutal de sus niveles de glucosa (alrededor de 300, casi tres veces los parámetros máximos en ayunas) y presión elevada. El lunes pasado pendía de un hilo la continuidad de la audiencia, pues Guedes estaba retenido por la administración del Hospital Guaracahi mientras no cancelase la cuenta de unos siete mil bolivianos que había demandado el tratamiento que apenas lo había restablecido (su glucosa y la presión sanguínea continuaban disparadas). El oficial encargado de custodiarlo debía conducirlo a la audiencia pero, como nadie pagaba la cuenta y para él era cuestión de honor llevar al acusado ante el juez, se ofreció a sí mismo como garantía de que los valores serían cancelados. Así, para efectos contables, Guedes estaba “en prenda” y el encargado de custodiarlo también. El bochornoso episodio fue resuelto el lunes por la tarde cuando el juez Sixto Fernández dispuso que el Ministerio Público pagara la cuenta.

En esas horas surgió un nuevo incidente que impidió que otro de los acusados acudiera a la audiencia. Marco Antonio Monasterio, ex alto funcionario de la Corte Departamental Electoral de la que Eduardo Rózsa Flores había recibido croquis elementales para ayudar a los empadronadores a orientarse y que el ex fiscal consideró como material sensible, estaba anclado en su trabajo en la Intendencia Municipal de Santa Cruz. La guardia municipal se había amotinado por cuestiones salariales y despido de gendarmes y, con el motín, todos los funcionarios quedaron encerrados en la intendencia. Solo al superarse el conflicto los amotinados liberaron a sus rehenes. El mayor juicio penal de la historia boliviana estuvo empantanado durante siquiera un día bloqueado por una cuenta de hospital de poco más de mil dólares y un motín de gendarmes.

Fueron gotas en un mar de precariedad en la que se encuentra la justicia boliviana. Los últimos tres encarcelados del Juicio del Siglo pasaron uno de los mayores sustos de sus vidas cuando hace poco más de una semana hubo un amotinamiento en Palmasola seguido, días después, por la invasión de más de 2.000 policías que tomaron el lugar para requisarlo y llevar a decenas de reos a otros presidios. Las cuentas reproducidas por los medios señalan que hubo ocho reos muertos durante la masiva incursión policial del 14 de marzo, una de las mayores operaciones policiales de los últimos años.

Son aún desconocidos los detalles de la incursión, pero imágenes divulgadas posteriormente mostraban a cientos de reos que, apiñados uno al lado de otro, tendidos boca abajo, formaron una gigantesca alfombra humana. En esa posición estuvieron durante gran parte del día. El único momento en que los reos podían moverse era cuando las incontinencias los abrumaban. Disponían de un balde de pintura en el que podían descargar sus conductos a vista y paciencia de los demás.

Alcides Mendoza, uno de los que estuvo tendido sobre el pavimento aquel día, dijo que “todos fueron golpeados” por la milicia policial, en su mayoría llegada desde La Paz. En forma vaga habló solo de “mal trato”, pero el cojear acentuado que tenía en la audiencia parecía indicar que el mal trato pudo haber sido bastante peor que el que señalaba. El juez Fernández evitó que Svonko Matkovic contara la experiencia que tuvo la jornada, que probablemente habría sido descriptiva, señalando que el joven ya la había contado directamente al tribunal.

Las sesiones deberán ser reanudadas el 2 de abril.

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