Juicio civil contra expresidente
Después de casi tres semanas de audiencias interrumpidas, los jueces de la Corte Federal de Fort Lauderdale, en Florida-Estados Unidos, hoy empezarán a deliberar sobre el destino judicial del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su colaborador Carlos Sánchez Berzaín, luego que el viernes concluyera la fase de declaración de testigos.
Los abogados de las dos partes tendrán dos horas para sus alegatos finales, los 10 miembros del jurado empezarán a deliberar para definir su veredicto y así terminar con un juicio expedito, aunque llegar a este proceso tomó 11 años a las víctimas de la guerra del gas.
El juicio comenzó el 5 de marzo, se presentaron ante el jurado más de 30 testigos. Entre ellos, el exministro Sánchez Berzaín, los también exministros Javier Comboni y Jorge Berindoague; el exalcalde de La Paz, Juan del Granado; el exembajador de Bolivia en EEUU, Jaime Aparicio; el exministro Víctor Hugo Canelas y el mismo expresidente Sánchez de Lozada, quien sólo fue interrogado por sus abogados.
DECLARACIONES
Sánchez de Lozada exhibió 15 cartas que envió a los dirigentes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y a los gremiales, donde los invitaba a instalar mesas de diálogo para solucionar el conflicto.
La defensa de la exautoridad presentó un documento firmado en horas de la noche (en la casa presidencial de San Jorge) del 13 de octubre del 2003 por los dirigentes alteños Braulio Rocha, Mauricio Cori y Juan Meléndrez, así como por Sánchez de Lozada.
En este documento se llegó a un acuerdo “para pacificar la ciudad de El Alto” que entre otros acuerdos determinaba el fin de las movilizaciones. Tras estas aseveraciones, los exdirigentes en declaraciones a medios negaron que hayan suscrito un acuerdo con el exdignatario.
ÚLTIMAS AUDIENCIAS
El pasado jueves y viernes se desarrollaron las dos últimas audiencias de prueba contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, en esta ocasión declararon tres expertos contratados por la defensa de los acusados, la forense, Joye Carter; el patólogo, David Richard Fowler, y David Katz, un experto en disparos (un tirador sin capacitación profesional en balística).
La defensa de las victimas cuestionó la participación de los expertos, puesto que sus declaraciones se basaron en los documentos de las pericias y en las autopsias que se hicieron a los fallecidos.
Si bien Katz estuvo en Bolivia el 26 y 27 de septiembre de 2017, visitó las zonas donde hubo fallecidos, pero ninguno de ellos se contactó con los mártires para obtener mayores indicios para continuar con las investigaciones. La defensa de los denunciantes evidenció inconsistencias en las intervenciones de los tres expertos contratados por la parte acusada.
INFORME DE LA OEA
También declaró Jorge Eastman, exconsultor de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, mediante un video, explicó que fue el encargado de realizar un informe de las violentas jornadas del 12 y 13 de octubre de 2003 para esa instancia internacional.
Eastman dijo que no investigó nada al respecto de las masacres de septiembre y octubre de 2003. Indicó que trató de dialogar con dirigentes sociales pero recibió negativas. Sin embargo, reconoció “nunca hablé con Evo Morales o Felipe Quispe”.
Según el informe que fue explicado por Eastman reconoció que no se hizo un trabajo para determinar las violaciones a los derechos humanos, tampoco hubo seguimiento a las recomendaciones que su informe hizo al gobierno de Sánchez de Lozada y a las organizaciones sociales.
RESERVAS
El juez James I. Cohn que lidera la Corte que dictará una sentencia contra ambas ex autoridades, dijo que tiene “serias reservas” sobre la existencia de pruebas contra los acusados de haber consumado un plan para usar fuerza contra civiles, además de la evidencia que vincule a ambos con cualquier ejecución extrajudicial.
“La Corte tiene serias reservas en cuanto a la suficiencia de la evidencia relacionada con un plan para usar la fuerza letal contra civiles. Además, el Tribunal tiene lo que yo clasificaría como serias reservas en cuanto a la suficiencia de la evidencia vinculando a los acusados ​​con cualquier ejecución extrajudicial”, dijo el Juez.
PIE DE FOTO: POL 2 SANCHEZ DE LOZADA INGRESA A LA CORTE FEDERAL DE FORT LAUDERDALE.
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