Deliberan fallo en juicio contra Sánchez de Lozada

Erick Foronda (Estados Unidos).- El juicio denominado Mamani versus Sánchez de Lozada llegó a su punto culminante. La jornada de ayer los abogados Joseph Sorkin de la demanda y Anna Reyes de la defensa expusieron ante el jurado un resumen de evidencias, pruebas, documentos que se acumularon en estas últimas cuatro semanas.

Para la demanda, el gobierno de Sánchez de Lozada optó por aplicar el llamado “Plan República” antes que promover una solución negociada y pacífica ante una ola de protesta que Sorkin calificó como usual y como parte de la cultura en Bolivia.

La abogada Reyes no ahorró adjetivos para responderle a Sorkin. “¿Es una protesta pacífica personas movilizadas con armas y dinamitas? ¿Es pacifico emboscar un convoy de turistas que deseaban abandonar una población bloqueada y que ya no tenía ni medicinas ni alimentos? ¿Es pacifico hacer estallar una estación de gasolina y matar allá tres personas? Es pacifico voltear camiones militares? Derrumbar pasarelas?”, preguntó Reyes.

ARGUMENTOS

En la audiencia de ayer tomó la palabra primero Sorkin. El abogado dijo que, según todos los testimonios, Sánchez Berzaín rompió toda posibilidad de diálogo en septiembre de 2003 en Sorata. También dijo –siempre basado en testimonios recogidos en las audiencias– que el Gobierno tenía dos posiciones confrontadas internamente. Un camino político de negociación y otro de fuerza, ejerciendo el uso de la violencia. Basó sus conclusiones en el testimonio de José Luis Harb por entonces viceministro de Gobierno.

“Les pido que tengan mucho sentido común, les repitió al menos unas tres veces Sorkin mirando al Jurado. Las personas que están aquí han esperado mucho tiempo para este día”, les dijo Sorkin.

En la argumentación de la parte demandante que tomó más de una hora y media, Sorkin dijo que las FFAA no improvisan. Los militares tenían órdenes de disparar dijo el abogado.

Mencionando cada uno de los casos de las ocho víctimas, Sorkin recordó que al menos dos testigos convocados por la demanda confirmaron que hubo orden de disparar. Específicamente en Uní en la zona Sur de La Paz la instrucción fue dispar a todo lo que moviera. No hubo proporcionalidad en la repuesta militar dijo.

El abogado de la demanda puso mucho énfasis en que las protestas sociales en Bolivia no son excepcionales. Son rutinarias. Sorkin también recordó el testimonio de Víctor Hugo Canelas acerca de las afirmaciones de Carlos Sánchez Berzaín sobre la supuesta decisión de que al gobierno de Sánchez de Lozada no le pase lo mismo que al de Banzer.

Sorkin también afirmó que el presiente Evo Morales y Felipe Quispe no han tenido ninguna vinculación con las muertes ocurridas entre septiembre y octubre del 2003.

Sin embargo, en el libro de Felipe Quispe recientemente publicado el Mallku se atribuye la autoría de la embocada ocurrida en Warisata.

Sorkin fundamentó que el Plan República y la división interna del gabinete fueron pilares claves que demuestran la política asumida por el Gobierno para resolver la crisis del 2003. “No solo fue para Sorata. La política de la fuerza era una política nacional”, dijo el abogado.

Refiriéndose a Sorata, el abogado dijo que había tres opciones para resolver el bloqueo. La primera fue la opción de llegar a un acuerdo con los sindicatos de Sorata que estaban dispuesto a cooperar. La Segunda trasladar a los turistas por Peru y la tercera opción era la negociación política que ya estaba encaminada en reuniones en El Alto.

“El Gobierno sabía que se trataba de una crisis nacional y una emergencia nacional. ¿Cuál fue su respuesta? Aplicar el Plan República”, insistió Sorkin.

El abogado afirmó que se puede encontrar el mismo patrón de operaciones de las FFAA en todos los escenarios. Disparar indiscriminadamente.

“No estamos sugiriendo meter gente a la cárcel. Estamos pidiendo la determinación de la responsabilidad por las muertes extrajudiciales que han sucedido en Bolivia durante el gobierno de Sánchez de Lozada”, argumentó.

DEFENSA

Por su lado, Anna Reyes, abogada de la defensa, hizo una exposición de más de dos horas sin leer ni un solo documento pero apoyada por una presentación en vídeo.

Su exposición ante el jurado, que fue una casi pedagógica intervención, se fundamentó en cuatro grandes pilares: no hay evidencia alguna que vincule a Sánchez de Lozada ni a Sánchez Berzaín con una instructiva de matar civiles o que confirme una orden de matar extrajudicialmente; las movilizaciones de febrero, septiembre y octubre del 2003 no eran pacíficas sino violentas; el Plan República es un documento de tres páginas que no establece en ningún caso orden para matar civiles; que algunos de los testigos claves convocados por la acusación mintieron y finalmente que el caso se basó en especulaciones tomadas como verdaderas.

Puso como ejemplo el helicóptero Lama, nave desde la cual no se puede disparar tal como aseguraron dos testigos convocados por los parte acusadora.

“La semana pasada Gonzalo Sánchez de Lozada hizo su declaración en la corte. ¿Porque los acusadores no le interrogaron? ¿No tenían preguntas? Tenían miedo de sus respuestas?”, se preguntó Reyes.

El caso es más emoción que pruebas afirmó de manera tajante.

Las muertes ocurridas no son el resultado de un plan, no son el resultado de la existencia de razones o motivaciones individuales para matar civiles dijo la abogada.

Citando cables de la embajada de EEUU en Bolivia Reyes describió que durante todo este tiempo convulsionado de Bolivia lo que si hubo es un plan para atacar dependencias del gobierno, instalaciones policiales y estrangular a La Paz con un bloqueo generalizado de carreteras y con movilizaciones que amenazaban atacar a la ciudad.

“¿Es esto una protesta usual? ¿Fue esto una protesta pacífica ? ¡Por favor!”, dijo Reyes.

También afirmó que Sánchez de Lozada hizo esfuerzos enormes por promover el diálogo nacional para pacificar el pais y comprometerse a no exportar el gas sin un previo diálogo nacional de consenso.

Recordó que Juan del Granado dijo que no hubo cartas dirigidas a El Alto. Ya tampoco un acuerdo. Y si hubo las cartas. Y si hubo acuerdo agregó la abogada. Sorkin relativizó la importancia del acuerdo. ¿Como puede ser tomado en serio un acuerdo que ni siquiera lleva el logo de la presidencia?, se preguntó el abogado acusador.

Reyes dijo que Felipe Quispe y Evo Morales son responsables de octubre 2003. Quispe se atribuyó la embocada en Warisata, atacó a la embajada de EEUU en Bolivia y se presenta a sí mismo como terrorista. Morales orquestó los bloqueos de El Alto fue responsable de la muerte de policías en Sacaba y por eso fue expulsado del congreso y es líder de los productores de coca que se convierte en cocaina dijo.

Sorkin, por su parte, recomendó al Jurado a usar su sentido común y preguntarse si los militares podían tomar decisiones por si solos.

Reyes reclamó a la parte acusadora por que no convocaron a un experto en balística en un caso donde la trayectoria de la bala y el tipo se proyectil es importante para determinar si hubo o no orden premeditada de disparar.