Desde siempre, es un hecho que los derechos de todos los hombres son dignos de consideración y respeto; así lo establecen inclusive las Constituciones y leyes de casi todos los países en los que la vida y los derechos de las personas merecen siempre el apoyo y respaldo de los semejantes y las leyes han sido establecidas justamente para que se cumplan esas reglas y preceptos que son claros y terminantes.
Muchas veces, en la historia del mundo y de nuestro país específicamente, no siempre se ha dado cumplimiento a todo ello, alegando sinrazones que nada tienen que ver con la legalidad, con la dignidad ni con los derechos. Desde el año 2006, lamentablemente, haciendo reminiscencia de hechos contrarios a la dignidad de las personas en tiempos del Coloniaje e inclusive mucho antes, con gobernantes indígenas, sean quechuas o aymaras, no siempre se ha respetado la dignidad y derechos de las personas, pese a la existencia de principios o leyes -“ama sua, ama kella y ama llulla”- que había la obligación de cumplir o, en caso contrario, sufrir las consecuencias.
Hay disposiciones legales que prohíben la expresión de insultos, adjetivos calificativos o hirientes, degradación de los derechos ajenos, discriminación de razas, creencias, posiciones sociales y hasta económicas y, por supuesto, la presencia de personas que hacen distinciones absurdas hasta por la calidad y color del ropaje o el hablar con defectos el idioma; hay censuras que ofenden y lastiman, que atentan contra la dignidad y sensibilidad de las personas; hay distinciones y discriminaciones y racismos que nada tienen que ver con la dignidad y honra, que son condenables desde todo punto de vista.
Hace pocos días, fueron hechas públicas acciones discriminatorias de quien, vistiendo atuendos comunes, ha maltratado a una señora que vestía pollera y emitió ofensas que han lastimado a todos una vez conocido el hecho. Cabría preguntar a esa persona o a quienes hacen discriminaciones odiosas, cuál es la diferencia de sangre o color de piel o peinado del cabello, o vestimenta especial o que “da categoría” a las personas, qué las hace superiores, qué las sobrepone sobre otras y dan derecho a maltratarlas. Esas personas, pecando por ignorancia y falta de decoro y dignidad, creen que ofendiendo o insultando han elevado su “categoría” y se sienten capaces de ser “superiores”, cuando su conducta muestra que están muy por debajo de la persona ofendida.
Empezando por la Iglesia Católica y otras iglesias, conjuntamente la colectividad, se condena y desautoriza toda actitud discriminatoria que, en muchos casos, parte inclusive de los primeros mandatarios de la nación que no respetan la condición política, social o económica de las personas y profieren calificativos e insultos discriminativos que los rebaja y ofende a ellos mismos y que, por principio, deberían respetar y dar ejemplo de altura y decencia, puesto que gobernar implica servicio, amor, respeto y consideración por todos los gobernados.
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