61% de autoridades judiciales tiene vínculos con el Gobierno

De un total de 28 funcionarios que están a cargo de la administración de la justicia, el 61 por ciento tuvo y tiene vínculos en el gobierno de Evo Morales y llegaron a ocupar cargos jerárquicos en ministerios y viceministerios. Los opositores aseguran que esto demuestra que la justicia está sometida al poder político. EL DIARIO realizó un recuento de los casos más destacados en las tres gestiones consecutivas del MAS.

El Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional está compuesto por 26 magistrados titulares, que fueron electos el pasado 3 de diciembre con bajos porcentajes. A esto se suma el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Juan Lanchipa, y el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está compuesto por nueve magistrados titulares, de los cuales tres tuvieron nexos cercanos con el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). En el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cinco de los nueve magistrados ocuparon cargos jerárquicos en unidades de los ministerios de Justicia y Minería.

Dentro del Tribunal Agroambiental (TA), los cuestionados son los cuatro titulares, quienes ocuparon cargos en entidades del estado relacionadas con el instituto nacional de reforma agraria. Por último, los tres tribunos del Concejo de la Magistratura (CM) también trabajaron en dependencias estatales.

Por otro lado, del total de los candidatos electos por voto sólo 11 desempeñaron funciones en entidades del sistema judicial.

SOMETIDA

Ante esto el diputado de Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, manifestó que esto demuestra claramente que el Gobierno tiene poder en las máximas autoridades judiciales, por lo que atribuye que estas actuarán conforme a las órdenes del presidente Evo Morales.

El senador de UD, Edwin Rodríguez, manifestó que quedó comprobado que el MAS preseleccionó a sus afines y que la población sólo avaló con sus votos a los candidatos oficialistas.

“La mayoría de los magistrados no encuadran con los principios de idoneidad, independencia y credibilidad, ya que trabajaron en el actual Órgano Ejecutivo”, resaltó Rodríguez.

ANTECEDENTES

En el caso del TCP, los magistrados que trabajaron en instituciones del estado son: Karel Chávez Uriona era jefe de gabinete del ministro de Minería, César Navarro, y ejerció funciones en el Ministerio de Obras Públicas; Elizabeth Cornejo fue jefe de Unidad en el Ministerio de Justicia, consultora del Ministerio de Autonomías y representante de la Presidencia en Tarija.

El magistrado Orlando Ceballos constituyente electo en 2006 por el MAS, representante del Ministerio de la Presidencia y subdirector de la Autoridad de Impugnación Tributaria; Karen Gallardo docente de la Escuela de Jueces del Estado y vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

Por último, René Espada Navia fue abogado del TSJ, secretario técnico de la Comisión de Constitución y secretario técnico de la Oficialía Mayor de la Cámara de Senadores.

Los magistrados del TSJ observados son: Esteban Miranda fue viceministro de Justicia en el 2012, tras postular a las elecciones judiciales del 2011 en el cual fue depurado y director en la Procuraduría General de Cochabamba; Edwin Aguayo ocupó el cargo de técnico y secretario de la brigada de Potosí en la Asamblea Constituyente.

Olvis Egüez Oliva, en abril de 2015, fue designado como fiscal departamental de Pando, el cual fue observado por tener procesos penales y disciplinarios, se lo vinculó en la red de corrupción junto al exfiscal Isabelino Gómez.

Por otra parte, los tres titulares del CM tuvieron vínculos cercanos con el partido gobernante: Omar Michel era un reconocido dirigente de movimientos sociales afines al MAS de Sucre, hermano del director nacional de Políticas de Gestión de esta misma instancia.

Gonzalo Alcón Aliaga, excomandante de la Armada, militar vinculado al MAS, fue denunciado por el rector de la UMSA, Waldo Albarracín por tener procesos penales por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y violencia familiar; Dolka Gómez fue departamental del Régimen Penitenciario de Santa Cruz, dependiente del Ministerio de Gobierno y asesora del Ministerio de Transparencia en 2010-2011.

Por último, en el TA el magistrado, Gregorio Aro, fue viceministro de Autonomías Indígena, viceministro de Ordenamiento Territorial y funcionario del Ministerio de Gobierno; Elva Terceros era directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, directora del Programa de Revolución Institucional en el Ministerio de la Presidencia y directora general de Límites en el Ministerio de Autonomías.

María Garrón desempeñó funciones en el Ministerio de Desarrollo Rural y en el INRA de Chuquisaca, exjefa de la Unidad de Saneamiento del Viceministerio de Tierras; Ángela Sánchez trabajó en el INRA de Cochabamba, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Juan Lanchipa, actual presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, también ocupó cargos jerárquicos en el Gobierno de Evo Morales. En el 2011 fue designado como responsable de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), exfiscal de la Nación y expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional.

MINISTERIO PÚBLICO

Ramiro Guerreo fue elegido como Fiscal General del Estado por la Asamblea Legislativa, el pasado 20 de octubre 12, en esa oportunidad el presidente Evo Morales lo calificó como un mazazo’ al neoliberalismo.

Sin embargo la actual autoridad ya tenía vínculos con el partido gobernante y las organizaciones sociales afines al oficialismo, fue asesor de la Federación de Campesinos y del Consejo de Capitanes y Guaraníes de Chuquisaca.

Fue constituyente por el MAS, entre 2006 y 2007 formando parte de la Comisión de Tierra y Territorio. Fue designado en febrero de 2010, de manera directa y junto a otras 17 autoridades, como magistrado de la entonces Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el presidente Evo Morales.

RECOMPENSAS

El 15 de febrero se conoció que Ruddy Flores, exmagistrado del TCP y uno de los firmantes del fallo que habilita al presidente Evo Morales a una nueva repostulación, asumió la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería.