UMSA pidió renuncia de magistrado por intento de validación de títulos falsos

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, exigió ayer la renuncia del actual magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Edwin Aguayo, por el encubrimiento de cuatro personas que pretendían validar títulos de abogado falsos cuando este era presidente del Colegio de Abogado de Potosí en 2015, la denuncia alcanza al hermano del diputados Víctor Borda.

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, exige la renuncia del actual magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Edwin Aguayo, a quien acusó de haber encubierto a cuatro personas que pretendían validar títulos profesionales falsos, cuando este era presidente del Colegio de Abogados de Potosí (ICAP), en 2015; la denuncia alcanza a Marco Antonio Borda, hermano del diputado del Movimiento al Socialismo Víctor Borda.

En conferencia de prensa, Albarracín denunció que el 2016 el actual magistrado Aguayo Aranda dejó sin efecto un proceso abierto por el anterior directorio del Colegio de Abogados de ese departamento contra Neyda Leny Pérez Taquichiri y Jhuri Pabel Flores Rodríguez, que pretendían convalidar títulos falsos en Derecho, supuestamente expedidos por la UMSA con la firma de Albarracín.

Los otros dos procesados, por proveer estas falsificaciones, son Ademar Sandi y Carlos Tapia Bengolea, ambos funcionarios públicos del Servicio Departamental de Educación y Derechos Reales, según precisó Lourdes Alba, representante legal de la UMSA.

Albarracín expresó su indignación contra este hecho, debido a que Aguayo y Borda pretendían anular el proceso, firmando un desistimiento “de la acción penal, el 2 de mayo de 2016, todo para favorecer a los falsificadores, con lo que habría generado perjuicio a la UMSA”, que no fue notificada con el caso, aseguró el rector.

De acuerdo con el informe, el referido desistimiento hubiera sido formulado sobre la base de la Ley 348, Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, normativa que no compete ante delitos de uso de instrumento falsificado y ejercicio ilegal de la profesión, lo que constituye una agravante en el caso.

AGUAYO NO QUISO DECLARAR

EL DIARIO logró comunicarse con el magistrado Aguayo y éste negó dar su versión y señaló que todo era “una especulación y está en juicio. Soy autoridad, no me puedo pronunciar”, aseveró de forma escueta.

Por su lado, Marco Antonio Borda admitió, en contacto telefónico con nuestro medio, que sus ahora clientes presentaron documentos falsificados, que intentaron hacer un acuerdo rechazado por la Fiscalía, que también denegó el pedido de salida alternativa.

Agregóque las declaraciones de Albarracín eran de carácter político, con la intención de desprestigiarlo a él y a su hermano el diputado Víctor Borda, asegurando que él era un abogado independiente.

“Voy a presentar una querella criminal contra este señor (Albarracín), por delitos de difamación, calumnias e injurias (…), parece que no fuera abogado”, aseveró en tono molesto Marco Antonio Borda.

A su vez, Alba precisó que el caso se encuentra ya en etapa de juicio, en el Tribunal Primero de Sentencia, pero el mismo en dos años ha sido dilatado por la inasistencia de los acusados, donde además el hermano del diputado Borda fue sancionado económicamente, pero sigue apersonando al proceso sin pagar la multa.

DEMANDA

“Vamos a presentar la denuncia contra los señores Aguayo y Borda, debido que son los únicos que firmaron el documento transaccional conciliatorio, el 04 de abril de 2016, con el que pretenden cerrar el caso”, detalló Alba.

La denuncia de la UMSA, detalla además que Marco Antonio Borda inició el proceso como denunciante en nombre del ICAP, pero ahora es el abogado defensor de los cuatro implicados.

EL DIARIO consultó a Borda si no existía un conflicto de intereses al asumir defensa de las personas que primero había denunciado, el abogado negó este hecho.

“El cargo (en el ICAP) era a Ad honorem (gratuito). No había conflicto de interés, porque todos pueden ser sometidos a una salida alternativa”, arguyó Borda, además asegura que no se pagó dinero alguno como lo señaló el rector de la UMSA.

Sin embargo, en memorial presentado por Borda y firmado por sus cuatro clientes, el 2 de mayo de 2016, en el 2º punto, afirma que el 4 de abril (un mes antes) se firmó un acuerdo transaccional conciliatorio con los representantes del ICAP, (en el que figura el nombre de Aguayo), junto al vicepresidente de la institución, Jhony Alex Urzagaste), resarciendo “y reparando el daño ocasionado a las víctimas”.

Alba encabeza una comisión que hoy se hará presenten en el juicio en Potosí y continuará el proceso anunciado por Albarracín, quien exige “la renuncia del magistrado, que inmerecidamente ejerce el cargo de Magisrado en el Tribunal Supremo de Justicia”.