Gobierno plantea decreto indulto para 2.735 reos

El presidente Evo Morales anunció ayer el tratamiento del Decreto Supremo de Indulto y Amnistía, con el cual se prevé beneficiar a 2.735 privados de libertad, que es el equivalente al 15 por ciento de la población de internos en todo el país. La oposición aseguró que esta es una solución paliativa y que no solucionará los problemas estructurales de este sector.

De acuerdo con la información brindada por el Jefe de Estado, a noviembre del 2017 se tenía contabilizado un total de 17.946 personas privadas de libertad a nivel nacional, de los cuales solo 5.409 cuentan con una sentencia: Los reclusos con detención preventiva alcanzan a los 12.537 que equivale a casi el 70 por ciento de los reclusos.

Es la sexta ocasión en la que el Gobierno determina un decreto de esta naturaleza, desde el 2012 al 2016 se beneficiaron 5.789 privados de libertad. Con el primer decreto emitido en el 2012 se beneficiaron 234 reos; en el 2013, 1.733; en el 2014, 1.698 beneficiados; en el 2015, 1.656 favorecidos, y en el 2016 el decreto ayudó a 468 privados de libertad.

En este caso se podrán beneficiar mujeres embarazadas, personas con discapacidad o enfermedades graves o quienes hayan cumplido con parte de su condena podrán acogerse al perdón de su condena y salir de la cárcel, previo cumplimiento de los trámites definidos para cada caso.

INDULTO PARCIAL

El indulto parcial o reducción de la pena procede en los casos, cuando una tercera parte de la pena se reducirá en casos de discapacidad, con enfermedad terminal, con enfermedad incurable, embarazadas con más de 20 semanas de gestación.

Una cuarta parte de la pena se reducirá en las personas menores de 28 años, varones a partir de los 58 años, mujeres de 55 años, mujeres que tuvieran en cuidado exclusivo a hijos menores de seis años.

Reducción de dos años de la pena a personas no reincidentes cuando la condena impuesta sea igual o menor a seis años y no tengan faltas graves en el último año de su reclusión.

INDULTO TOTAL

Esto procede en los menores de 28 años que hayan cumplido una cuarta parte de su condena, varones a partir de 58 años y mujeres a partir de los 55 años, que hayan cumplido una cuarta parte de su condena.

Personas mayores de 65 años, con una pena igual o menor a 10 años; aquellos que tengan a su cargo hijos menores de 6 años y que hayan cumplido una cuarta parte de su condena; las mujeres embarazadas con 20 o más semanas de gestación hasta la publicación del decreto supremo.

Discapacidad grave, enfermedad terminal o incurable; los privados de libertad no reincidentes con pena menor o igual a ocho años sin que sea necesario el cumplimiento una parte de su condena. Personas no reincidentes con pena menor a 10 años que hayan cumplido una cuarta parte de su condena.

EXCEPCIONES

El nuevo decreto enumera 13 excepciones, es decir aquellos que no podrán acogerse a este beneficio, se trata de quienes sean reincidentes o hayan cometido delitos que no admitan indulto por ley o hayan delinquido contra la seguridad interna o externa del Estado.

Los que están involucrados con delitos contra la vida o hayan cometido delitos de corrupción, contra la libertad sexual, sustancias controladas con penas superiores a 10 años, estafa, defraudación, lesiones gravísimas o seguida de muerte, terrorismo, genocidio, contrabando, trata y tráfico, robo agravado o sustracción de menor o incapaz.

También, quienes enfrenten procesos en los que el Estado es parte querellante o que se haya beneficiado anteriormente con la amnistía o indulto. También quienes tengan sentencia ejecutoriada con penas superiores a los 10 años por sustancias controladas.

CRÍTICAS

Por otra parte, la senadora de Unidad Demócrata (UD), Jeanine Añez, manifestó que esta medida no soluciona el problema estructural del sistema penitenciario, para esto es necesario la implementación de políticas de rehabilitación y reinserción para los reclusos.

“Es una medida paliativa y un parche que no soluciona el hacinamiento en las cárceles del país, la rehabilitación de estas personas debe ser un tema central para el Gobierno. El tema de las detenciones preventivas deben ser analizados por separado”, señaló la legisladora.