Documentos evidencian
De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso EL DIARIO, algunos miembros que conformaron las primeras comisiones que investigaron la muerte del bebé Alexander abandonaron el caso, debido a la falta de independencia e intromisión de la Fiscalía General.
A las 18.30 horas del 13 de marzo de 2017, el fiscal de materia, Leopoldo Ramos, entonces asignado al caso aún en etapa de investigación, presentó un informe que luego fue remitido a la Fiscalía General, donde solicitaba ser excusado del caso debido a la falta de independencia.
“Durante las investigaciones del caso bebé Alexander me he sentido integrado al equipo, aunque tal vez hayan sentido alguna incomodidad por mi posición algo crítica y por la falta de autonomía investigativa que no nos permite (a los fiscales) desarrollar con eficiencia y eficacia el trabajo cuando al final, somos nosotros quienes vamos a dar la cara y sostener en juicio la acusación y los elementos de prueba”, se lee en el documento al que tuvo acceso EL DIARIO y son base de anteriores publicaciones sobre las denuncias de las irregularidades cometidas por la Fiscalía en este proceso.
SOBRESEIMIENTO ANULADO
Ese mes, se conoció que el fiscal Ramos, también emitió una resolución de sobreseimiento a favor de seis implicados, pero la misma fue anulada por orden directa del fiscal general Ramiro Guerrero, en medio de otros incidentes que comprometieron a la entonces fiscal departamental Patricia Santos.
En mayo de ese mismo año, Santos ratificó el tenor del informe emitido por Ramos identificando como interventor al enviado especial de Guerrero, el fiscal especial Gastón Corrales Dorado.
“La hipótesis (de la violación en contra del bebé Alexander), en realidad la ha sustentado el señor Fiscal General y será esta autoridad la que deba responder al respecto”, afirmó Santos, cuyas declaraciones nunca fueron requeridas por los jueces que llevaron el juicio oral que concluyó el pasado lunes con sentencia condenatoria contra tres personas.
Ramos, fiscal institucionalizado que no podía ser destituido, luego de su informe fue relegado a un cargo inferior hasta su reciente jubilación.
CASO DIGITADO
El pasado lunes, a dos años de todos estos entretelones, Félix Fernández, padre del médico Jhiery Fernández, principal afectado por una sentencia que asegura fue dictada sin pruebas, ratificó que el caso fue digitado desde la Fiscalía General en complicidad del actual fiscal departamental Edwin Blanco y la fiscal de materia Susana Boyán.
La familia del médico, que fue sentenciado a 20 años de cárcel por un delito que niega haber cometido, cree que la repentina intervención del Ministerio de Justicia influyó de manera negativa contra los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, Gladis Guerrero y Roberto Mérida.
A pesar de las críticas, el Gobierno Departamental de La Paz, cuyo abogado apenas asistió a tres audiencias de juicio, continúa manteniendo en reserva el caso asegurando que precautelan la imagen de la víctima fallecida y denegando que la sociedad conozca las pruebas presentadas por la defensa de los tres sentenciados que sostienen que Alexander nunca fue víctima de violación.
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