Indultos

El jueves 3 de julio de 2017 fue atracada la Joyería Eurochronos en la ciudad de Santa Cruz-Bolivia. Uno de los atracadores era Rony Suárez, quien hasta hace poco tiempo se encontraba cumpliendo una condena de cinco años por “robo agravado” en la cárcel de Palmasola. ¿El robo cometido por Suárez fue con uso de armas de fuego?, ¿se puso en peligro la vida de personas en este robo? Las respuestas son muy importantes, porque si son afirmativas, nos indicarían que Suárez tenía tendencia al asesinato, lo cual se confirmó en el segundo atraco, a la Joyería Eurochronos y si era así, jamás debió salir de Palmasola y debió dársele una pena más larga y el delito no debió ser “robo agravado” sino “intento de asesinato”.

Resulta que ya habiendo cumplido la mitad de los cinco años de pena, de su primer atraco, la ley le permitió a Suárez acogerse a un “indulto” (extramuro), es así que salió de Palmasola de lunes a viernes para supuestamente trabajar y volver los fines de semana a Palmasola.

En Bolivia aparte de tener “condenas risibles”, tenemos “indultos” que acortan a la mitad las penas. Se debe aumentar las penas en Bolivia, para los diferentes crímenes y delitos y anular los indultos de todo tipo.

Y como si fuera poco, cada año, a cargo de cada gobierno, tenemos el acostumbrado “indulto” para los reos del país.

Ni bien salió Suárez de Palmasola, tomó contacto con Antonio Adao da Silva Costa (quien también había salido de Chonchocoro, recibiendo “cesación de detención”), con Camilo Maldonado Pinto y con Landívar y entre los cuatro, atracaron la Joyería Eurochronos, asesinando a dos personas inocentes, cada una con toda una vida por delante.

De este atraco lo más sensible fue la pérdida de dos vidas humanas inocentes (como Lorena Tórrez), cuyas muertes hasta ahora no se logra comprender, pero la culpa fácilmente la podemos cargar a la mal llamada “Justicia boliviana” (“Código de Procedimiento Penal” actual, con procedimientos inadecuados, indultos al por mayor y con penas risibles).

Recordemos que para que las “víctimas” consigan una “sentencia” o “condena” contra los acusados deben transcurrir seis meses para la “imputación”, otros seis meses para la “acusación” y el “juicio oral” puede durar de uno a dos años o más, luego viene la apelación a nivel departamental que puede tardar un año y luego la apelación a Sucre, que puede tardar como mínimo un año, teniéndose un total de 5 años para llevar a la cárcel a alguien culpable de un crimen o delito. Y no puede ser que con un “indulto” que puede ser promulgado en segundos o minutos, se saque a “sentenciados” de las cárceles, re-victimizando a las “víctimas”. Y no podemos olvidar que para llevar a la cárcel a un acusado de un crimen o delito, el gasto en abogados es de varios miles de dólares.

Los indultos no hacen más que poner en las calles a criminales y delincuentes peligrosos, como el caso que se expone.

La justicia de Bolivia en vez de ser la solución, en los últimos tiempos viene a ser el problema.

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