La democracia y estado de derecho: ¿en peligro?

Cortes en La Haya, Brasilia y Fort Lauderdale son el escenario donde se concitan juicios que han creado gran expectativa en el país, tanto a nivel colectivo como individual. Las repercusiones de sus veredictos, que aún están en etapa de deliberación o apelación, afectarán no solamente nuestra realidad geográfica, sino también nuestro espacio político y -espero- institucional. El protagonista principal es la justicia. En juego están principios elementales, como ser la independencia de poderes, Estado de Derecho internacional y lucha contra la corrupción.

En los vaivenes de los casos en cuestión queda nuevamente clara la sentencia del gran pensador francés el Barón de Montesquieu, quien sostuvo que “sin independencia de Poderes no hay Constitución”. En realidad, sin una justicia libre e independiente no se puede impartir ninguna justicia que tenga un valor real que pueda ser acatada de la mejor manera y, lo que es más importante, con la debida legitimidad.

Existen casos cuando el poder político manosea la justica, velando por los intereses de los gobernantes, no así de la población. Cuando se recurre a la Constitución para justificar lo injustificable, cuando el poder político llega a controlar todas las instituciones, empezando por la que está encargada de velar por su estricto cumplimiento, entonces se corrompe a la justicia. Cuando el poder político modifica las reglas de juego cuando las normas se interponen a sus intereses, o cuando el poder judicial actúa fuera del marco de sus competencias, sin admitir posibilidad alguna de corrección cuando sus determinaciones contienen errores básicos que invalidan de hecho sus determinaciones, entonces la arbitrariedad está protegida por el poder absoluto.

Por ello ha causado mucho revuelo la declaración del Gral. del Ejército de reserva Luis Gonzaga Schroeder Lessa, por la cual amenaza de intervención militar al Supremo Tribunal Federal de Brasil si vota a favor del habeas corpus interpuesta por el ex presidente de la República Lula da Silva, en circunstancias en la que se está determinando en su última instancia de apelación si la sentencia condenatoria a que fue objeto se cumple, en cuyo caso iría a la cárcel por más de 12 años, congelando sus aspiraciones de volver a la Presidencia de la República.

Después de mucho tiempo, salvo las escaramuzas en Venezuela que han terminado en un asesinato común, propia de pandilleros callejeros, que un militar de alto rango levanta su voz, en plena apelación de un máximo tribunal jurídico, nada menos que de uno de los principales líderes populares y cabeza visible de un movimiento que se pasa la Constitución por encima, la cual ha sido reducida a un librito de fácil exhibición, aunque seguramente de difícil lectura menos de su estricto cumplimiento.

Por ello es importante recordar al Barón de Montesquieu, quien se alejó del racionalismo abstracto y del método deductivo de otros filósofos ilustrados para buscar un conocimiento más concreto, empírico, relativista y escéptico, elaborando una teoría sociológica del gobierno y del derecho, mostrando que la estructura de ambos depende de las condiciones en las que vive cada pueblo.

Montesquieu equiparó la Francia de Luis XV al despotismo, que descansaba sobre el temor de los súbditos; alabó en cambio la república, edificada sobre la virtud cívica del pueblo, donde la clave del mismo sería la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, estableciendo entre ellos un sistema de equilibrios que impidiera que ninguno pudiera degenerar hacia el despotismo.

En otro escenario, donde también está presente un ex Presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, se llevó a cabo un juicio civil que -en una primera instancia- lo halló responsable de la muerte de varias personas, con una sentencia que implica resarcimiento económico estimado en 10 millones de dólares, cuyo pago seguramente deberá repartirse con el otro acusado, su ex Ministro de Defensa.

Claro está que esta decisión del jurado que actúo en la Corte de Fort Lauderdale todavía dará lugar a varios alegatos hasta el 11 de Abril, para que luego el 4 de Mayo se dé lugar a la decisión final a nivel de esa Corte, ya que todavía quedaría la instancia superior que sería la apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

Lo interesante del caso, es que el presidente Morales se dirigió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 2016, para acusar al Gobierno chileno de “violar los derechos humanos de los bolivianos con sus acciones u omisiones en el trato a los transportistas”. Sin embargo, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió una denuncia contra el Estado boliviano, el Presidente la llamó “defensora del terrorismo y el separatismo”. En vísperas de un fallo sobre nuestra demanda marítima en La Haya, puede ser contraproducente elegir a cuál corte internacional respetar, y a cuál defenestrar.

Y mientras es políticamente astuto manipular los sentimientos populares creando enemigos de Bolivia, pasa desapercibida quienes son verdaderos los enemigos de la justicia. En nuestro país las principales autoridades del Poder judicial no fueron elegidas en las urnas; fueron confirmadas por un voto a ciegas, por un sector de la sociedad que defiende el “proceso”, no el imperio de la ley. Esas elecciones no confieren a nuestro Poder Judicial la legitimidad adecuada. La consigna de nuestros magistrados no es obedecer la Constitución; es ser leales a la causa política. Es así que los poderosos celebran cuando se condena a Goni, pero se indignan cuando la CIDH admite la posibilidad que supuestos terroristas fueron impunemente ajusticiados, o cuando admite la demanda contra el Estado boliviano por el incumplimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.

El autor es Ing. Com., Miembro Emérito de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.