Experto sugiere ley para definir qué información es pública

Paul Antonio Coca, experto en políticas públicas, señaló que el país debe aprobar una ley de acceso a la información que defina cuál se considera pública o privada, y qué entidades del Estado pueden compartir entre sí reportes institucionales.

Según el experto, la normativa que permita delimitar la información pública de la privada debe incorporar una cláusula donde se especifique y permita elegir a la población elegir si sus datos son, o no, públicos. Es decir, que ponga un límite al Estado respecto a qué tipo de información personal puede acceder.

“Se debe tomar en cuenta que las instituciones públicas tienen el poder de anejar esa información de manera discrecional, para esto es necesario la existencia de un marco normativo que le diga al Estado hasta dónde puede llegar con la información de los datos personales”, puntualizó el experto.

A su vez, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que permite al Servicio de Registro Cívico (Sereci) otorgar al Servicio General de Información Personal (Segip) información de certificados de nacimiento, defunción y estado civil registrados en la base de datos, además que la agencia estatal de tecnologías de la información será el ente que fiscalizará el intercambio de los datos.

Coca señaló que existe un conglomerado de información de la ciudadanía que está distribuido en diferentes entidades gubernamentales a los que el Gobierno puede tener un fácil acceso. Acceso que podría ser discrecional.

LEY DE INFORMACIÓN

Ante estas argumentaciones, el experto sugirió la aprobación de una ley de acceso a la información, que permita cuáles son de carácter público o privado, y a cuántos de estos puede acceder el Gobierno.

Durante 15 años se presentaron al menos cinco propuestas de proyectos de Ley de Acceso a la Información Pública ante el Legislativo y ninguno de estos prosperó.

Uno de ellos fue planteado por la a Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) en el 2016, el sociólogo Henry Oporto hizo público el Proyecto de Ley Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno; en el 2013, el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción propuso una norma similar.