Tribunal admitió fallo sin prueba plena

La presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, Patricia Pacajes, admitió que el médico Jhiery Fernández fue condenado a 20 años de cárcel sin pruebas científicas (prueba plena) que evidencien su autoría en la supuesta vejación al bebé Alexander por la que fue sentenciado.

Las acciones de investigación no efectuaron la prueba científica antígeno prostática, o de espermatozoides de Fernández en la víctima, que demuestre científicamente que el galeno vejó al infante en noviembre de 2014.

“El fallo ha sido emitido en la Sentencia nº 5 por voto unánime del Tribunal (…) no se ha hecho ese estudio, más al contrario han sometido a otra prueba científica la defensa, PDD 10 y PDD 11 en el entendido de que en ese antígeno prostático no había espermatozoides. No se ha determinado eso” afirmó Pacajes en declaraciones públicas difundidas por la televisora ATB.

El pasado 27 de marzo, el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz condenó al médico Jhiery Fernández a 20 años de presidio, decisión judicial cuetionada y apelada por la defensa a cargo de los abogados Cristhian Alanes y Zuleika Lanza.

“Es una sentencia completamente alejada de todo lo que se ha podido probar en juicio. Se han hecho de pruebas ilegales que has sido introducidas al juicio. No se ha demostrado con prueba idónea la culpabilidad y participación del doctor Jhiery Fernández en el delito de violación”, declaró Alanes, abogado del médico tras conocer la sentencia.

Según declaraciones de Pacajes, resultados de los estudios médico forenses “establecen que hay destrozo del ano del bebé, hay desgarro”, sin embargo, no afirma que estos daños ocasionados al infante fueran atribuibles al galeno sentenciado en primera instancia.

SENTENCIA EN ENTREDICHO

A pesar de las denuncias y pruebas que señalaban extorsión y presión cometidos por la comisión de fiscales compuesta por Edwin Blanco (actual Fiscal de Distrito) y Susana Boyán contra los cerca de 16 implicados que se dieron en la parte inicial de la investigación, la acusación fue presentada en junio de 2015.

Otra irregularidad del caso, que vulneró el debido proceso, tiene que ver con la validez de las actuaciones de los supuestos peritos del Instituto de Investigaciones Forenses  (IDIF), Ángela Yharmila Mora Vera y Christian Vargas Camacho, quienes a esa fecha no estaban afiliados a la institución de investigación especializada pero diagnosticaron la supuesta violación en contra del menor, anomalía que fue sustentada y evidenciada por el Colegio Médico de La Paz.

No obstante, el fiscal departamental Edwin Blanco, aseguró en declaraciones públicas que Mora y Vargas prestaron su declaración y corroboraron el informe forense, que en realidad fue rebatido por otra junta médica del mismo IDIF, que descartó la supuesta violación en contra del menor.

Otra versión tergiversada por el fiscal Blanco tiene relación con las declaraciones de Mora y Vargas, quienes según el registro de actas se presentaron como testigos, mientras que Blanco sostiene que los mismos declararon en condición de peritos, olvidando sus propias declaraciones del 05 de abril de 2016, cuando él aseguró que el forense declaraba como testigo “por estrategia”.

Mónica Palma, una de las abogadas del doctor Fernández, en ese entonces, cuestionó esa actitud, explicando que con esa “argucia”, la Fiscalía impedía que los informes emitidos por Mora y Vargas sean introducidos como prueba, de modo que los jueces verifiquen que estos eran incongruentes y que presentaban varios errores.

La anomalía más grave es atribuida a Ángela Mora, quien diagnosticó una violación inexistente, descartado por la necropsia, cuyo informe señala que no fue causa de la muerte de Alexander.

La abogada Palma explicó que los supuestos peritos del Idif, “Vargas y Mora, no pueden ser cuestionados por las falencias que como defensa hemos detectado en sus informes”, por tal razón, de manera anómala, sus declaraciones fueron admitidas en calidad de testigos.

FISCAL PIDIÓ QUE MIENTA

Otro polémico episodio dentro de este proceso, de los varios denunciados y que nunca fueron investigados, se dio el 29 de diciembre de 2015 en la sexta audiencia del juicio oral, cuando la enfermera Lola Rodríguez afirmó que el fiscal Blanco le pidió diez mil dólares para salir en libertad.

El mismo fiscal durante la primera reconstrucción del caso le solicitó “ayuda” de Rodríguez pidiéndole que mienta en sus declaraciones ampliatorias sobre la utilización de una sonda rectal en el Hospital del Niño.

Consultado sobre tan serias acusaciones, Blanco se refugió en el argumento que la Fiscalía ha mal utilizado “la reserva del caso” durante todo el proceso.