Hace cuatro años se promulgó la Ley de Inversiones, creando mucha expectativa dentro y fuera del país, puesto que es la vía más positiva para atraer capitales externos destinados a la creación de empresas o efectuar otros emprendimientos que requieren financiamiento.
Lamentablemente, no se la puede aplicar, porque le falta su Reglamento, que es el instrumento que fija los términos con los que se puede efectuar las inversiones. En tanto no haya este instrumento, no tiene viabilidad legal la posibilidad de invertir en el país.
Se podía haber prescindido de nuevas inversiones, en el caso que la economía nacional estuviera en pleno crecimiento, sin necesidad de que se promueva más emprendimientos. Empero, esto no está ocurriendo y su situación actual es más bien decreciente, lo que paraliza, si acaso no causa retrocesos, la falta de más inversiones.
Bolivia, en particular, no es confiable para realizar inversiones sin el respaldo legal necesario, puesto que es uno de los países sudamericanos donde más estatizaciones y nacionalizaciones se han producido en los últimos tiempos en Sudamérica.
El caso es que, sin embargo, no siempre es imprescindible atraer inversión extranjera. Seguramente muchos bolivianos tendrían el interés de invertir en los diversos sectores de la economía, pero al carecerse del reglamento a la ley de inversiones tampoco quieren lanzarse a la aventura de efectuar tantos otros emprendimientos que requieren tanto los sectores de servicios, los comerciales y los industriales.
La falta de las garantías legales necesarias que proporciona una ley con su respectivo reglamento está determinando que el crecimiento, el desarrollo y el progreso estén frenados, con efectos deplorables. El país está quedando cada vez más rezagado, hablando solamente de la región. Ni qué decir de su estado de postración en el plano mundial.
En estas condiciones, con dificultad el país atiende sus necesidades más premiosas, cuando teniendo un territorio tan extenso y climas variados se podía encontrar en posición muy expectable, no sólo en lo que concierne a lo regional, sino en todos los espacios internacionales.
Al hallarse en situación de tanto rezago, su propia población está condenada a vivir en la pobreza y el atraso. La situación laboral es más deplorable aún, pues al no estimularse la creación de nuevos emprendimientos, se pone de manifiesto la carencia de puestos de trabajo. Y si éstos existen, los salarios son más de sobrevivencia, en vez de que sean de bienestar y progreso, en lo personal y familiar.
Esta realidad afecta principalmente a los hijos, muchos de los cuales no tienen la oportunidad para completar sus estudios básicos, pues en forma temprana tienen que trabajar en cualesquiera actividades, las que, por lo general, no les ofrecen la perspectiva de crecer, de manera que se encuentren habilitados para efectuar los estudios académicos y técnicos con los que se habilitan para tener buenas condiciones de vida. Más todavía, les permite financiar la profesionalización de sus hijos.
Por tanto, la reglamentación de la Ley de inversiones es fundamental para impulsar mejores condiciones de vida para todos los sectores sociales, puesto que abre mejores perspectivas para el trabajo y, en consecuencia, el progreso general del país.
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