TSE: Agetic solo accederá a datos básicos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic) no tiene atribuciones para modificar o acceder a los datos de la población, más allá de una consulta en línea del certificado de nacimiento, estado civil y defunción.

“Es una plataforma donde se conecta a lo que es el servicio de la base de datos del Sereci y del Segip, quiere decir que si yo ciudadano quiero sacar una cédula de identidad, en consulta en línea se verificará el certificado de nacimiento para identificar que sean la misma persona, eso se visualiza en pantalla, no pueden acceder ni modificar”, explicó la presidenta del Órgano Electoral, Katia Uriona.

A la vez manifestó que esta agencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, no podrá acceder al padrón electoral, tendrá como única atribución facilitar la instalación de plataformas de interoperabilidad entre el Sereci y el Segip, que le permitan al ciudadano contar con un mejor servicio.

El anteproyecto establece modificar el artículo 79 de la Ley 018 del OEP, que está compuesto por cinco parágrafos, y señala que el Sereci otorgará al Segip acceso de consulta en línea mediante mecanismos de interoperabilidad a todos los datos de certificados de nacimiento, estado civil y certificado de defunción de las personas naturales registradas en su base de datos, además del registro biométrico.

En relación a esto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, indicó que esta norma permitirá simplificar los trámites que la población debe realizar para obtener una cédula de identidad.

“Los datos del padrón biométrico son exclusivamente administrados por el TSE y si alguna instancia del Estado quiere consultar dichos datos tiene que pedírselos al Sereci, no hay posibilidad de que ninguna otra instancia del Estado pueda modificar, acceder y mucho menos, manipular datos del padrón electoral”, afirmó.

INTEROPERABILIDAD

El director de la Agetic, Nicolás Laguna, explicó que esta plataforma de interoperabilidad cumple una función para que las instancias del Estado puedan intercambiar los datos de una determinada persona, cuando esta la active al realizar un trámite, por lo tanto no acceden a la información personal en cualquier momento.

Esta plataforma ya se puso en funcionamiento para el pago del bono de discapacidad, donde se realizó una interconexión entre los ministerios de Trabajo, Economía, el Instituto Boliviano de la Ceguera y los 339 municipios del país, facilitando que la persona beneficiaria solo asista a su municipio para cobrar su bono de discapacidad.

“En ese caso se hizo una conexión de datos ente las cinco instituciones y los 339 municipios para efectivizar un pago, lo hicimos para que la persona solo vaya a una oficina portar su carnet de discapacidad y cobrar su bono”, explicó el experto.

Todas estas implementaciones están en base al plan de implementación de gobierno electrónico, aprobado por decreto supremo 3251 del 12 de julio de 2017.

En ese contexto, la Fundación InternetBolivia.org señaló que el anteproyecto no es una vulneración a los derechos de privacidad de la población, el cual debe llevarse bajo principios seguridad de información: autenticación, integridad, disponibilidad y confidencialidad.

MARCO NORMATIVO

Esta misma fundación establece que las entidades de Gobierno, cuando solicitan datos de la ciudadanía, deben informar para qué se usarán y deben solicitar el consentimiento para su uso. El que no exista un marco legal para estas actividades, no significa que se deje de lado el derecho de las personas a decidir qué destino tendrán su información personal.

“Las entidades de gobierno están llevando adelante la política de simplificación de trámites que implica la consulta entre bases de datos estatales pero deben desarrollar, a la par, la normativa que resguarde los derechos digitales de la ciudadanía”, establece el comunicado de la fundación.

Por último, advirtieron que es necesario que el anteproyecto esté acompañado por una norma legal de protección de datos personales, que garantice los derechos digitales de la ciudadanía y que sea público para que la ciudadanía interesada exprese sus puntos de vista.